Tras décadas operando sin un reconocimiento legal específico, las ferias libres fueron finalmente consagradas por ley luego que la Cámara aprobara las modificaciones del Senado, cerrando el trámite legislativo de un proyecto que define su naturaleza, ordena su vínculo con los municipios y refuerza su papel clave en la alimentación saludable, la economía popular y la vida comunitaria de miles de barrios en Chile.
El zumbido de voces, el olor a frutas frescas, los colores de los productos y el bullicio de miles de chilenas y chilenos que cada fin de semana llenan las calles con sus puestos de verduras, carnes, panes y quesos ahora tienen un marco jurídico propio. Ayer lunes, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por 114 votos a favor, 1 en contra y 5 abstenciones, despachando a Ley el proyecto que reconoce y fortalece a las ferias libres como un pilar clave de la alimentación, el desarrollo social y la economía popular en todo el país.
Este hito pone fin al tercer y definitivo trámite constitucional de una iniciativa largamente esperada y concertada entre el Estado, gremios feriantes y parlamentarios, y marca un antes y un después en la historia de uno de los espacios comerciales y comunitarios más antiguos y valorados de Chile.
Más que verduras: identidad, historia y economía local
Las ferias libres han sido —durante más de 200 años— algo más que lugares de compra y venta. Han funcionado como espacios de encuentro comunitario, de intercambio cultural, de sostenimiento familiar y de acceso a alimentos frescos, saludables y a precios accesibles. Su reconocimiento como actividad con estatus jurídico propio responde a una demanda histórica de miles de feriantes que por décadas operaron sin una norma que avalara su importancia socioeconómica.
El proyecto, que comenzó su tramitación en el Congreso en septiembre de 2024 y fue construido con una activa participación de gremios como la Confederación Gremial Nacional de Organizaciones de Ferias Libres (ASOF C.G.), la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores Independientes de Ferias Libres, Persas y Anexos (FETRACOM) y la Coordinadora de Ferias Libres, responde a una visión que va más allá de la simple regulación comercial.
Una ley con contenido y propósito claros
Según el texto aprobado —que ahora está listo para ser promulgado por el Presidente de la República— las ferias libres quedan reconocidas como unidades productivas asociativas de carácter formal, con un marco jurídico integral que regula, protege, fomenta y potencia su rol dentro del abastecimiento alimentario y el desarrollo local.
Entre los elementos más significativos que contempla la nueva ley están:
- La definición formal de “feria libre” como conjunto de comerciantes minoristas y trabajadores independientes cuya actividad principal es la venta periódica de productos alimenticios de origen vegetal o animal, con criterios claros de participación y porcentajes mínimos de productos alimenticios que permitan garantizar su esencia tradicional.
- La formalización de instancias representativas, como una Asamblea General de Ferias y un Comité de Representación de feriantes, que les permite tener voz propia frente a autoridades municipales y nacionales.
- La promoción de una relación más eficiente con los municipios, estableciendo procedimientos transparentes y participativos para la creación, permanencia y asignación de los espacios feriantes.
- Obligaciones y estándares básicos para ordenanzas municipales, con criterios homogéneos que eviten diferencias arbitrarias entre ciudades y comunas sobre la regulación de ferias.
- La posibilidad de que las municipalidades, junto a las organizaciones de ferias, adopten medidas para prevenir el desperdicio de alimentos, fomentar el reciclaje y la valorización de subproductos, conectando tradición con sostenibilidad.
Un impulso a la formalización sin perder la esencia
El reconocimiento legal no solo otorga dignidad institucional a un sector con más de 1.200 ferias y más de 300 mil personas vinculadas directamente, sino que abre puertas a capacitación, protección laboral y nuevas formas de participación económica.
Este marco legal también se vincula con otra iniciativa paralela —un régimen tributario especial que busca simplificar obligaciones como el pago de IVA si las ventas se realizan mediante medios electrónicos a un impuesto sustitutivo menor— con el objetivo de facilitar la formalización de los comerciantes feriantes sin imponer cargas desproporcionadas.
Aspiraciones y debate en torno a la ley
El proceso de debate legislativo no estuvo exento de tensiones y matices. En distintas instancias, representantes municipales, académicos y dirigentes feriantes pusieron sobre la mesa temas como el rol de los municipios, el equilibrio entre tradición e innovación, el alcance de las regulaciones locales, y la necesidad de mantener la esencia comunitaria intacta incluso al formalizarla en un cuerpo legal moderno.
Dirigentes como Julio Muñoz, vocero de la Coordinadora Nacional de Ferias Libres, celebraron el avance, señalando que por fin se “saldaría una deuda histórica con feriantes de todo Chile”. Paola Morales, presidenta de la ASOF, destacó que la ley permitirá “emparejar la cancha”, con capacitación y representación frente a autoridades. Por su parte, Arnaldo Romero, presidente de FETRACOM, enfatizó la importancia de condiciones más estables y mejores oportunidades para quienes sostienen estas actividades desde hace generaciones.
Ferias libres ahora tienen voz de ley
Con la aprobación definitiva de este proyecto, las ferias libres dejan de ser espacios al borde de la informalidad para transformarse en actores con derechos y deberes claros, con contexto jurídico propio y mecanismos de apoyo concretos. La ley no solo reconoce lo que siempre han sido: centros vitales de provisión de alimentos, de economía familiar y de cohesión social; sino que proyecta su futuro con más orden, más participación, más capacitación y mayor sostenibilidad.
Para miles de feriantes y consumidores, esta ley no es solo un papel firmado en Santiago: es la certeza de que la tradición popular tiene un lugar reconocido dentro del marco jurídico del país.
