En un paso estratégico para fortalecer su seguridad energética, la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) confirmó que ejecutará una inversión de USD 50,2 millones durante la gestión 2026. El plan, liderado por su subsidiaria YPFB Transporte S.A., se enfocará en modernizar la infraestructura de transporte y mejorar las condiciones de importación de hidrocarburos líquidos desde el norte de Chile.
Al respecto, Oscar Guzmán Velarde, gerente general de YPFB Transporte S.A., manifestó que “tenemos alrededor de 80 proyectos que fortalecerán principalmente nuestra continuidad operativa, asegurando que los distintos productos que manejamos a través de nuestros ductos lleguen a su destino final de manera segura y eficiente”. Del presupuesto total, la compañía destinará USD 39,6 millones a la continuidad del servicio y USD 9,8 millones específicamente a inversiones en la Terminal de Arica.
MODERNIZACIÓN EN LA TERMINAL DE ARICA
Dentro de las acciones prioritarias, la estatal boliviana realizará el mantenimiento bienal para recertificar las operaciones de la Terminal Marítima Sica Sica en territorio chileno. Este proceso incluye el reemplazo integral del sistema de fondeo para otorgar mayor robustez a las maniobras marítimas, además del mantenimiento técnico de tanques de almacenamiento bajo rigurosas normativas internacionales y la ley chilena.
Sobre los trabajos en la costa el gerente general de YPFB indicó que “este año el desafío es mucho mayor: se realizará el reemplazo de todos los elementos del sistema de fondeo para darle mucha más fortaleza a las operaciones”. La autoridad subrayó que estas labores avanzan bajo la supervisión de la Autoridad Marítima chilena sin afectar el suministro actual de combustible.
PROYECTO REVERSA OSSA-2 Y LUCHA CONTRA MAFIAS
Esta inversión se enmarca en el denominado “Proyecto Reversa OSSA-2”, una iniciativa que busca revertir el flujo del oleoducto desde Arica hasta Santa Cruz. El objetivo de fondo es optimizar la logística de importación para enfrentar los problemas de desabastecimiento que han generado protestas en el sector transporte, logrando un sistema más confiable y económico para el mercado interno.
Finalmente, este fortalecimiento de la infraestructura surge en un contexto donde el Gobierno boliviano ha denunciado a una “mafia internacional” dedicada al robo y sabotaje de combustibles en la región. Según las autoridades, este esquema ilícito, que operaba entre Chile, Argentina y Paraguay, generó perjuicios económicos de hasta 150 millones de dólares a las arcas fiscales de Bolivia, lo que hace urgente asegurar la integridad de la cadena de suministro.
