La delegada presidencial regional, Adriana Tapia, convocó al gobernador, alcaldes, servicios públicos y gremios privados para frenar la desocupación que hoy golpea a cerca de 20 mil personas en la zona. El plan de acción definitivo se sellará en un plazo de un mes mediante un acuerdo transversal entre todos los sectores productivos.
Las cifras de desempleo en la Región de Tarapacá encendieron las alarmas en el Gobierno central y las autoridades locales decidieron pasar directamente a la acción. Para frenar el impacto que la falta de oportunidades laborales está provocando en las familias tarapaqueñas, la delegada presidencial regional, Adriana Tapia, encabezó la constitución de la Mesa Regional por el Empleo, una instancia que busca coordinar al sector público y privado tras un objetivo de corto plazo claro y concreto: generar mil nuevos puestos de trabajo formales de aquí al mes de octubre.
La reunión de trabajo convocó al gobernador regional, alcaldes de las distintas comunas, seremis, directores de servicios y a los representantes de los gremios productivos y empresas locales que mueven la economía.
Aunque la tasa de desocupación en Tarapacá se ubica ligeramente por debajo del promediar nacional, la cifra absoluta preocupa en el Gabinete: hoy existen alrededor de 20.000 personas buscando activamente un empleo en la región, un volumen de desocupados que exige medidas de emergencia inmediatas.
Un mandato de urgencia enfocado en el trabajo formal
El despliegue de esta mesa responde a las directrices directas enviadas desde el Palacio de La Moneda para dinamizar las economías regionales. Según explicó la propia delegada Adriana Tapia, la prioridad está puesta en recuperar plazas laborales que brinden estabilidad, dignidad y cobertura previsional a los trabajadores. «Lo que queremos es ir concordando y trabajando todos juntos para disminuir esta cesantía. Este es un mandato del Presidente José Antonio Kast por impulsar el trabajo formal que da soluciones reales a las personas», enfatizó la autoridad tras finalizar la jornada de coordinación.
La estrategia apunta a articular la inversión pública con los proyectos privados que hoy requieran destrabar procesos administrativos o acelerar su ejecución. Para concretar los 1.000 empleos fijados como primera meta para octubre, los distintos equipos técnicos ya se encuentran levantando los diagnósticos de oferta y demanda laboral en los municipios y sectores productivos clave como la minería, el comercio y la construcción.
Compromiso transversal se sellará en un mes
El trabajo multisectorial no se quedará en una sola foto de portada. Las mesas técnicas sesionarán de manera permanente durante las próximas semanas para confeccionar el plan de acción regional definitivo. La hoja de ruta incluirá compromisos de contratación, capacitación acelerada mediante Sence y la priorización de obras de infraestructura con fuerte impacto en la mano de obra local.
Se proyecta que en el plazo de un mes las autoridades y el empresariado firmarán el acuerdo final por el empleo, comprometiendo los cupos requeridos para cumplir con el calendario trazado. Con la incorporación de las municipalidades y las grandes empresas con presencia en la región, las autoridades confían en absorber a una parte significativa de los desocupados antes de que termine el segundo semestre.
