En total, el Ministerio Público investiga 50 denuncias a nivel nacional surgidas tras el masivo cruce de datos de la Contraloría. Mientras otros 20 expedientes continúan bajo análisis, la institución confirmó la aplicación de diversas sanciones administrativas y descartó —por ahora— desvinculaciones en el estamento de los fiscales.
Un profundo remezón ético e institucional sacude por estos días las estructuras del Ministerio Público de Chile. En el marco de una ofensiva nacional contra el fraude y el mal uso de recursos públicos, la entidad persecutora penal confirmó el cierre de 30 de las 50 investigaciones administrativas abiertas contra funcionarios que viajaron fuera del país encontrándose con licencia médica vigente, un proceso que ya ha culminado con la remoción definitiva de seis trabajadores de la institución.
La crisis tiene su origen en una de las fiscalizaciones más duras y masivas de la historia reciente del Estado chileno, gatillada tras la llegada de Dorothy Pérez a la cabeza de la Contraloría General de la República. El organismo fiscalizador propinó un golpe sin precedentes al revelar que, entre los años 2023 y 2024, más de 25 mil personas contratadas en reparticiones públicas registraron salidas del territorio nacional en períodos en que supuestamente debían guardar reposo absoluto por motivos de salud.
A un año de conocerse dicho informe, la arremetida de la Contraloría forzó a diversos ministerios, seremis y servicios públicos a iniciar drásticos sumarios internos que han decantado en la desvinculación masiva de miles de funcionarios en toda la administración del Estado. El Ministerio Público, un órgano constitucionalmente autónomo, decidió no ser la excepción a la regla de la probidad.
La radiografía del fraude en las fiscalías chilenas
Instruidos por el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, los distintos persecutores regionales asumieron la tarea de revisar minuciosamente las listas de cruces de información enviadas por la Contraloría y el Servicio Nacional de Migraciones.
Al ser consultados sobre el estado actual de los procesos, desde la Fiscalía Nacional detallaron que la revisión arrojó una cifra preocupante: «Se determinó que en la Fiscalía se presentaron 50 casos a nivel país, 17 de ellos concentrados en la Región Metropolitana». Aunque los datos son dinámicos y varían según los plazos jurídicos de cada investigación, el balance de las resoluciones administrativas ya comenzó a arrojar severas conclusiones.
De acuerdo con la información oficial provista por la institución, de los 30 casos que ya se encuentran completamente cerrados, 12 de ellos terminaron con la aplicación de medidas disciplinarias concretas. El desglose de los castigos aplicados revela la gravedad con la que el Ministerio Público está tipificando estas conductas:
- 06 remociones definitivas (la sanción máxima en el estatuto administrativo).
- 02 suspensiones de funciones con goce parcial de remuneraciones.
- 01 multa económica.
- 03 amonestaciones privadas en la hoja de vida.
Por otra parte, el tribunal administrativo interno resolvió el sobreseimiento de 17 personas y la absolución de una, al comprobarse que sus traslados al extranjero contaban con debida justificación médica o terapéutica compatible con sus diagnósticos. En tanto, las autoridades precisaron que los 20 casos restantes aún se mantienen en etapa de análisis de antecedentes pendientes para completar su cierre definitivo.
Fiscales bajo la lupa: Sancionados pero no removidos
Uno de los puntos que genera mayor debate y atención pública radica en el estamento de los persecutores penales, quienes tienen la responsabilidad de investigar los delitos en el país. Según antecedentes recabados, el sumario arrojó que si bien existen fiscales de línea que resultaron sancionados por el uso irregular de licencias médicas, ninguno de ellos ha sido objeto de remoción de sus cargos hasta la fecha.
Esta diferenciación en las medidas de desvinculación se debe, en gran parte, a los estrictos y complejos quórums y causales legales que rigen el estatuto de los fiscales adjuntos, cuyas remociones habitualmente requieren de un proceso formalizado ante la Corte Suprema o mediante la intervención directa del Fiscal Nacional en casos de notable abandono de deberes.
Desde las altas esferas del Ministerio Público optaron por enviar un mensaje de rigurosidad ante la opinión pública, recalcando de manera categórica el “compromiso institucional con la probidad y el buen comportamiento de sus funcionarios en todo el país”. El mensaje busca contener el impacto reputacional en una institución clave para la persecución del delito, dejando en claro que el uso irregular de dineros y beneficios estatales vinculados a la salud de los trabajadores no será tolerado en sus filas.
