La parlamentaria por Tarapacá, Ximena Naranjo, y su par Eduardo Cretton criticaron la decisión del Tribunal de Garantía de Iquique de reubicar a la banda china en el penal local. Advirtieron que no habrá plan de seguridad eficiente si la Justicia devuelve a delincuentes de alta peligrosidad a cárceles donde pueden seguir operando.
El reciente fallo del Tribunal de Garantía de Iquique levantó polvareda en la zona y encendió las alarmas políticas. La resolución judicial acogió un recurso de garantías y ordenó el retorno del denominado «Clan Chen» a la cárcel de Alto Hospicio, decisión que desató una dura reacción por parte de la diputada independiente por Tarapacá (bancada UDI), Ximena Naranjo, junto al diputado e integrante de la Comisión de Seguridad, Eduardo Cretton.
Los parlamentarios salieron al paso con un diagnóstico tajante: «Si los tribunales siguen acogiendo recursos para que bandas de crimen organizado vuelvan a cárceles inseguras, no existe plan de seguridad que resulte».
Contradicción entre el Ejecutivo y el Poder Judicial
La preocupación de los legisladores radica en el contrasentido que genera este tipo de dictámenes frente al esfuerzo estatal por aislar a los cabecillas de las mafias. Naranjo remarcó que el Estado invirtió justamente en penales de máxima seguridad para cortar el flujo de órdenes y la coordinación de delitos desde los recintos penitenciarios.
«Se ha avanzado en contar con recintos de alta seguridad para impedir que bandas criminales sigan controlando sus actividades desde las cárceles», enfatizó la diputada por Tarapacá. A su juicio, resulta completamente contradictorio que, mientras se busca fortalecer esa estrategia, la Justicia permita el regreso de estas organizaciones a penales donde existe un riesgo evidente de que mantengan o recuperen sus redes.
Por su parte, el diputado Eduardo Cretton puso el foco en la necesidad de alinear los criterios institucionales. «Estamos hablando de bandas que operan desde la cárcel. Las medidas de seguridad deben ser proporcionales a su peligrosidad», afirmó Cretton, agregando que no se pueden ceder espacios a quienes representan un riesgo directo para la población.
Exigen coherencia para la Región de Tarapacá
Los parlamentarios advirtieron sobre una «colisión de intereses» entre la lucha frontal que impulsa el Gobierno contra las mafias y el criterio aplicado por los tribunales. Si bien aclararon que no buscan vulnerar las garantías procesales de ningún imputado, insistieron en que el crimen organizado requiere medidas extraordinarias para evitar la impunidad operativa desde las celdas.
«No hay plan, ley ni medida de seguridad que sirva si, mientras el Estado enfrenta a la delincuencia, desde otras instituciones se favorece el retorno de estas bandas a recintos vulnerables», concluyeron Naranjo y Cretton, haciendo un llamado urgente a que todas las autoridades actúen con una sola voz y máxima firmeza en la zona norte.
