Según se consigna en la página del Poder Judicial, en procedimiento abreviado, el tribunal condenó a la requerida a las penas de 541 y 61 días de presidio y la inhabilitación absoluta para cargos u oficios públicos por el plazo de 3 años y un día, en calidad de autora de los delitos consumado de fraude al fisco y negociación incompatible.
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago condenó a Alexandra Andrea González Silva en calidad de autora de los delitos consumado de fraude al fisco y negociación incompatible. Delitos cometidos en la comuna, a partir del 1 de abril de 2019, en el marco del denominado caso “Residencias sanitarias”.
Al reunir la sentenciada los requisitos del artículo 15 y 15 bis de la Ley 18.216, el tribunal le sustituyó “la pena privativa impuesta por la libertad vigilada intensiva por el tiempo de 4 AÑOS, debiendo presentarse ante el Centro de Reinserción Social de Gendarmería de Chile correspondiente a su domicilio y cumplir durante el periodo de observación con el plan de intervención individual que se apruebe en su momento”.
«Detectamos falta de lineamientos y control en contratos de residencias sanitarias, entre ellas, el caso de un ex jefe de DIVAP con el Hotel Clínico Spa: conflicto de interés y sin autorización sanitaria», se lee en una publicación de Twitter de la Contraloría General de la República, del 29 de enero del año pasado.
El organismo fiscalizador aludía a los resultados de la auditoría realizada a la habilitación de infraestructura de salud de emergencia desarrollada por la Subsecretaría de Redes Asistenciales para enfrentar la pandemia.
Y ese ex jefe de la Divap (División de Atención Primaria de esa repartición) que mencionaba es Orlando Andrés Durán Ponce, quien será formalizado por los delitos de fraude al fisco y negociación incompatible, en el contexto del contrato con Hotel Clínico SpA por $205 millones, suscrito en mayo de 2020.
ANTECEDENTES PREVIOS
La repartición en la que trabajaba —según antecedentes reunidos en la indagatoria, que dirige el fiscal de Alta Complejidad Marcelo Carrasco, de la jurisdicción Centro Norte— era la encargada en esa época de la coordinación de las residencias sanitarias y el hotel identificado por la Contraloría habría tenido vinculación con el ex funcionario.
A mediados de ese año la información sobre eventuales irregularidades en la contratación se habían hecho públicas. El propio subsecretario de la época, Arturo Zúñiga, confirmó —en uno de los reportes diarios sobre el covid-19— que había ordenado un sumario interno.
El órgano contralor, por su parte, también había dispuesto una investigación administrativa. Poco después, el ministro de Salud, Enrique Paris, entregó la coordinación de las residencias sanitarias a otra repartición y anunció que el ex subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, se haría cargo.
Los antecedentes disponibles sobre eventuales irregularidades fueron enviados por la cartera al Ministerio Público.
Mismo contrato investigado, otros imputados
El fiscal adjunto (s) Cristián Soto ingresó la solicitud de formalización contra Durán en el 7º Juzgado de Garantía y el tribunal fijó para el próximo 21 de marzo la audiencia de comunicación de cargos.
También serán imputados ese día D’Angelo Ignacio Sergio Iasalvatore Silva, quien al igual que Durán se desempeñó en la Divap, y Alexandra Andrea González Silva. Ambos enfrentarán los mismos delitos en el marco de ese contrato.
El Hotel Clínico SpA, de acuerdo al registro de empresas y sociedades del Ministerio de Economía, fue constituido el 24 de marzo de 2020 por González Silva —tras iniciarse el funcionamiento de residencias sanitarias— con un capital de $80 millones. La Subsecretaría de Redes Asistenciales suscribió un contrato con la empresa dos meses después, el 22 mayo de ese mismo año, mediante trato directo, individualizado en la Orden de Compra Nº4127-305-SE20.
La imputada, en ese registro público de Economía aparece como la representante legal y gerente general de la sociedad, y en esa época habría sido también funcionaria de Salud.
La querella que abre distintas indagatorias
Según la querella presentada en la causa por Comisión Chilena de Derechos Humanos, representada por el abogado Carlos Margotta, el «Hotel Clínico SpA, ubicado en calle Mosqueto Nº 552, Santiago, fue contratado como residencia sanitaria por $205 millones» y, se agrega, «al mes de mayo de 2020 —época de la contratación directa—, el hotel figuraba vinculado a negocios de la empresa hotelera Smart Apart, de propiedad de Orlando Andrés Durán Ponce, matrón, ingeniero comercial y militante de la UDI, quien ostentaba el cargo de jefe de la División de Atención Primaria del Minsal, quien era responsable de coordinar, justamente, las residencias sanitarias a nivel nacional en el contexto de la pandemia, y cuyo superior directo era el querellado, Luis Arturo Zúñiga Jory».
La misma acción penal sostiene que, «de acuerdo al Informe Oficio Final Nº 630-A de la Contraloría General de la República, que se acompaña en un Otrosí, 56 casos registrados de supuestos huéspedes, correspondieron a personas informadas que habían abandonado el país antes del período en el cual habrían hecho efectivo uso de las instalaciones del Hotel Clínico SpA».
Información y eventuales beneficios, según querella
Y, consigna la querella, en relación con este contrato, que Durán Ponce, «intervino en el proceso de contratación en análisis, entre otras acciones, visando la Resolución exenta Nº 276 de la Subsecretaría de Redes Asistenciales (SRA) y el contrato».
Por ello, a juicio del querellante, «de acuerdo a la participación de dicho funcionario en el proceso, se observa que habría tenido la oportunidad de emplear en beneficio propio y de terceros, información a la que tenía acceso en razón de la función pública ejercida, y de esta manera, pudo hacer valer indebidamente su posición funcionaria con ese fin, en circunstancias que tanto él como la representante del Hotel Clínico SpA. tenían interés”.
El Ministerio Público junto con este caso investiga también otros convenios de similar naturaleza en Santiago y regiones, las que son tramitadas en distintos juzgados de garantía del país, entre ellos, el de Iquique, Antofagasta, Mejillones y Viña del Mar.
