El gobierno está proponiendo ampliar el levantamiento del secreto bancario, como una de las medidas para combatir la elusión y evasión, además de la corrupción y el narcotráfico.
Esta acción se enmarca en el proyecto de cumplimiento de las obligaciones tributarias que forma parte del Pacto Fiscal. Iniciativa que se encuentra en segundo trámite constitucional (en el Senado) y que está sujeto a la aprobación del Congreso Nacional.
La propuesta original el Gobierno facultaba al Servicio de Impuestos Internos (SII) para que acceda de manera expedita a información sujeta a secreto bancario, para controlar la evasión y la elusión. En ese marco, surgieron las críticas ante el riesgo de que el Servicio de Impuestos Internos sea «juez y parte».
El ministro de Hacienda en la comisión de Hacienda del Senado explicó que el procedimiento del secreto bancario «siempre es con un propósito específico, no es simplemente para hacer pública una cuenta corriente. En este caso en particular, para fiscalizar ciertos delitos tributarios y una vez de realizados una serie de pasos intermedios».
«O sea, no basta con que simplemente el SII diga estoy investigando un delito tributario, sino que debe haber citado al contribuyente, haberle requerido información, haber perfilado cuál es el delito que está investigando y por qué requiere tener la información bancaria Y una vez que accede a esa información y la usa para el propósito de fiscalización, la información se destruye. Esto lo menciono porque, en estricto rigor, la intimidad absoluta no existe en materia bancaria», dijo.
El proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica, que se encuentra en primer trámite constitucional en el Senado, entrega nuevas atribuciones de fiscalización a la Comisión para el Mercado Financiero y la Unidad de Análisis Financiero, mediante la creación del Subsistema de Inteligencia Económica.
Actualmente la legislación protege la privacidad de las personas y eso incluye su información financiera. Sin embargo, este secreto puede ser levantado cuando una disposición legal expresamente lo autoriza o cuando por resolución de la justicia se ordena la remisión o examen de antecedentes para ciertas operaciones y bajo determinados supuestos.
Existiendo autorización legal, el procedimiento para levantar el secreto varía según la autoridad de control de que se trate – Ministerio Público; Comisión para el Mercado Financiero; Servicio de Impuestos Internos y Unidad de Análisis Financiero – no obstante, en todos los casos se requiere resolución previa de algún órgano jurisdiccional.
