El proyecto de ley aplica para ministros, parlamentarios, alcaldes y gobernadores. Los exámenes serán obligatorios y públicos, estableciendo el consumo de sustancias como causal inmediata de cesación en el cargo en medio del impacto provocado por la reciente salida del exsubsecretario de Hacienda.
El combate contra el narcotráfico y la infiltración del crimen organizado dio un salto directo al corazón del Estado. Este lunes, el Presidente José Antonio Kast estampó su firma en un proyecto de reforma constitucional que busca destituir automáticamente de sus cargos a las autoridades públicas que consuman sustancias ilícitas.
La iniciativa legal no solo fijará el consumo como una causal explícita de salida, sino que establecerá la obligatoriedad de someterse a exámenes de drogas al momento de asumir el cargo y de forma periódica durante todo el ejercicio de sus funciones. Además, rompiendo con el secretismo, la norma dispone que los resultados de cada pericia química serán completamente públicos.
DESDE EL PRESIDENTE HASTA LOS CONCEJALES: LA LISTA DE AUTORIDADES AFECTADAS
La propuesta busca unificar criterios e impactar a la cúpula del poder político en todo el país. La normativa contempla un abanico amplio de autoridades, tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo y de representación popular.
En concreto, la ley afectará directamente a:
- Ministros y subsecretarios.
- Senadores y diputados.
- Gobernadores regionales y consejeros regionales.
- Delegados presidenciales regionales y provinciales.
- Alcaldes y concejales.
Durante la firma de la iniciativa, el Mandatario remarcó que la ciudadanía exige máxima transparencia a sus autoridades. «El crimen organizado ha ido infiltrando a distintas naciones. El riesgo para nuestra democracia es muy alto y el compromiso contra este flagelo tiene que ser total», afirmó Kast, proyectando que Chile puede liderar una legislación moderna en esta materia.
UNIFICA NORMAS TRAS LA POLÉMICA SALIDA EN HACIENDA
El anuncio no llega en un momento cualquiera. La firma del proyecto se da tras la sonada desvinculación del exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, quien debió dejar su puesto tras dar positivo en un control preventivo de drogas. Aquel episodio dejó en evidencia los vacíos legales y la dispersión normativa existente sobre el tema.
Frente a esa brecha, el biministro Claudio Alvarado explicó que la reforma constitucional busca ordenar los procedimientos bajo una sola regla clara. La meta es estructurar un proceso estrictamente científico que entregue certezas, garantías de justicia y reglas del juego transparentes para todos los sectores políticos.
