La expansión de las instalaciones productivas en la comuna de Arica tiene a Agrícola Tarapacá en medio de una compleja disputa con el regulador ambiental. Mientras la compañía defiende la solidez de su plan de gestión de residuos y ruido, la SMA sostiene que las deficiencias técnicas de la propuesta impiden garantizar la protección de la salud humana, elevando el caso a una instancia judicial que definirá el futuro de sus operaciones en la zona.
El Primer Tribunal Ambiental ha admitido a trámite una reclamación de gran relevancia para la industria avícola de la Región de Arica y Parinacota. La Agrícola Tarapacá S.A. (ATSA) ha presentado un recurso judicial para dejar sin efecto la resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), la cual rechazó definitivamente su Programa de Cumplimiento (PdC) y confirmó una postura sancionatoria contra la firma.
El origen del conflicto: La elusión al SEIA
El procedimiento sancionatorio se remonta a la operación de instalaciones avícolas de gran escala en el Valle de Lluta, las cuales, según la autoridad fiscalizadora, han funcionado al margen del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). La SMA sostiene que la empresa ha incurrido en una hipótesis de elusión, al ampliar su capacidad productiva —que incluye la crianza de aves para producción de huevos y carne— superando los umbrales legales que obligan a contar con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
¿Por qué la SMA rechazó el programa?
El rechazo del PdC presentado por ATSA se fundamenta en deficiencias técnicas que, para el ente fiscalizador, harían imposible garantizar la mitigación de los impactos negativos. Los cuestionamientos principales se centran en:
- Gestión de olores y ruidos: La SMA señaló que la caracterización de los efectos fue insuficiente. Se cuestionó la falta de análisis sobre la magnitud de las emisiones gaseosas, la omisión de fuentes relevantes de olores y la idoneidad de los parámetros para medir la afectación a la población cercana.
- Metodología técnica: En cuanto a los ruidos, la autoridad criticó la ausencia de nuevas mediciones bajo criterios técnicos estandarizados (norma ISO 9613) y la falta de justificación sobre el ruido de fondo, lo que impediría verificar si las medidas propuestas son realmente eficaces.
La defensa de Agrícola Tarapacá
Por su parte, la empresa ha desestimado las observaciones de la SMA, calificándolas de excesivas. Según ATSA, el organismo regulador estaría exigiendo «antecedentes propios de una evaluación ambiental completa», excediendo el alcance que debe tener un Programa de Cumplimiento.
La empresa asegura que su propuesta era «seria y eficaz», incorporando medidas concretas como:
- Manejo integral de guano, residuos y mortalidad.
- Monitoreo de olores y sistemas de abatimiento.
- Compromiso formal de ingresar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) al SEIA para regularizar su situación.
Asimismo, la agrícola denuncia errores procedimentales por parte de la SMA, alegando «decaimiento del procedimiento» y una posible vulneración al principio de igualdad ante la ley.
Próximos pasos
Tras la admisión de la causa, el Tribunal ha requerido a la Superintendencia del Medio Ambiente la presentación de un informe detallado que sustente los fundamentos de su negativa. La resolución final del Tribunal será clave para definir si la agrícola podrá seguir operando bajo este plan de mitigación o si deberá enfrentar un proceso sancionatorio que podría derivar en multas severas o, en el peor de los casos, la clausura de sus instalaciones en el Valle de Lluta.
