El sector empresarial cuestiona la interpretación técnica del organismo fiscalizador, calificándola como una imposición rígida que limita el acuerdo entre las partes. Los gremios alertan que, ante la falta de consenso, la fórmula obligatoria establecida por la DT podría afectar la productividad y la continuidad operativa en sectores clave como el comercio y los servicios.
El próximo 26 de abril marca un nuevo hito en la implementación gradual de la Ley de 40 Horas. En esta fecha, el límite de la jornada laboral ordinaria descenderá de las actuales 44 a 42 horas semanales. Sin embargo, lo que debería ser un paso técnico ha derivado en una fuerte controversia jurídica y operativa, tras la emisión de un dictamen de la Dirección del Trabajo (DT) a finales de febrero.
La «Regla Única» de la DT
El pronunciamiento del regulador, originado tras una consulta de la CUT, establece que la adecuación horaria debe priorizar el común acuerdo entre empleadores y trabajadores. No obstante, el conflicto surge ante el escenario de falta de consenso. Para estos casos, la DT dictaminó una «regla única» de aplicación obligatoria:
- Jornadas de 5 días: El empleador deberá reducir una hora en tres jornadas de la semana.
- Jornadas de 6 días: Se aplicará una reducción de 50 minutos en tres días, y de 30 minutos en una cuarta jornada.
Este criterio es, a juicio de la autoridad, vinculante para todas las empresas, independientemente de la naturaleza de sus turnos o de las adecuaciones organizacionales que ya hubieran implementado de forma previa.
El malestar gremial: ¿Flexibilidad o rigidez?
La interpretación administrativa ha sido recibida con preocupación por los principales gremios del país, quienes advierten sobre un posible impacto negativo en la productividad y la estabilidad laboral.
María Teresa Vial, presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), señaló que la estructura operativa uniforme impuesta por la DT ignora las particularidades de sectores con turnos rotativos o jornadas continuas. «El dictamen genera una incertidumbre jurídica crítica, justo en un contexto de 8,3% de desempleo y alta informalidad», advirtió la dirigenta.
Por su parte, José Pakomio, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), calificó el dictamen como una «interpretación rígida» que va más allá de lo estipulado originalmente en la ley. «Se abren interrogantes sobre si los esquemas que hoy funcionan y cumplen con la normativa podrían quedar en entredicho frente a esta nueva interpretación administrativa», sentenció Pakomio, haciendo un llamado a recuperar la flexibilidad necesaria para una operación dinámica.
Desafíos para la planificación empresarial
El punto de fricción radica en que muchas empresas ya habían anticipado la reducción de horas mediante pactos internos. Ahora, ante la obligatoriedad de la regla definida por la DT, los empleadores temen enfrentar:
- Dificultades logísticas: Empresas con servicios de atención al público o manufactura continua podrían ver alterada su capacidad operativa si deben seguir la fórmula fija de minutos de reducción.
- Inseguridad Jurídica: La preocupación central es que la autoridad administrativa esté limitando la autonomía de las partes para acordar jornadas que se ajusten a su realidad específica.
Con el plazo del 26 de abril acercándose, el sector privado espera clarificaciones adicionales, mientras la DT mantiene la firmeza de su dictamen como la ruta para aplicar la ley hasta llegar a las 40 horas definitivas en 2028.
