Una macabra incursión de jaurías asoló a los ganaderos de Central Citani, dejando a decenas de alpacas y llamas muertas, preñadas o con sus crías abandonadas. Los pobladores acudieron al Concejo Municipal para increpar a las autoridades por la falta de respuestas a las cartas enviadas desde el año pasado, la inacción en el control de perros abandonados por la crisis migratoria y la desprotección que enfrentan en la frontera.
El dolor se palpa en el ambiente. No es solo la pérdida material o económica que golpea a las familias que viven de la venta de la fibra de alpaca; es el trauma violento de encontrarse con sus animales masacrados en pleno cerro. «Ese día encontramos animales vivos, pataleando, sin ojos, sin lengua… pidiendo ayuda y corriendo lágrimas al escuchar nuestras voces», relató con la voz quebrada Flavia Choque ante la mesa del concejo.
La matanza ocurrida a inicios de la semana pasada afectó directamente a familias del sector de Central Citani, entre ellas los pobladores Santiago Choque, Elba Choque y la señora Domelia Rodríguez. El ataque fue perpetrado por jaurías de perros asilvestrados y abandonados en la zona fronteriza, un problema que los vecinos denuncian como un coletazo constante del paso de personas por pasos no habilitados. La escena no solo dejó decenas de camélidos muertos en los corrales y cerros, sino también alpacas gestantes destruidas y al menos cinco crías huérfanas que debieron ser trasladadas de urgencia hacia las comunas de Iquique y Alto Hospicio para intentar salvarles la vida.
«Estamos abandonados»: el duro reclamo contra el municipio y el Concejo
La tensión subió de tono cuando los afectados exigieron respuestas concretas. La principal molestia de los ganaderos radica en la falta de prevención y la nula respuesta del aparato municipal a las advertencias que Venían haciendo por escrito.
«Yo quiero preguntar a cada concejal por qué no nos pudieron responder. Se supone que la voz del pueblo son ustedes. Estamos abandonados, no tenemos apoyo», increpó la comunera Flavia Choque, exhibiendo copias de los requerimientos formales ingresados por la oficina de partes.
Según detallaron los comuneros, las alertas sobre los ataques de jaurías y la necesidad de insumos, cerramientos y vacunas no son de hoy: existen cartas presentadas formalmente desde agosto de 2025 que jamás recibieron contestación formal por parte de la administración. Mientras los comuneros acusan desidia, la molestia se extendió también al rol del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y a la falta de apoyo psicológico tras enfrentar imágenes desgarradoras que, aseguran, los obligarán a buscar ayuda profesional.
El debate político: ordenanza de tenencia responsable y fiscalización
Durante el desarrollo de la sesión ordinaria, las concejalas Maribel Mamani y Jenny Choque respaldaron los reclamos de la comunidad. Se cuestionó duramente la fiscalización de los perros que merodean la frontera y el propio pueblo, así como la falta de movilización inmediata de vehículos para que los equipos del programa PDTI y Servicio País puedan recorrer las zonas ganaderas más apartadas.
Por su parte, desde la Asesoría Jurídica del municipio, se detalló que la Municipalidad de Colchane cuenta con una modificación de la Ordenanza de Tenencia Responsable de Mascotas (Decreto Exento 581), aprobada en junio de 2025 y que comenzó a regir formalmente en agosto. Sin embargo, reconocieron las severas limitaciones territoriales y presupuestarias para controlar el problema:
- El municipio no cuenta actualmente con un canil operativo, infraestructura que depende de fondos de la Subdere aún en proceso de rendición y postulación.
- La masa de perros que ataca al ganado corresponde a animales abandonados en el tránsito fronterizo o que cruzan libremente desde Bolivia, lo que imposibilita identificar a un dueño responsable para aplicar las multas contempladas en la ley.
La versión del equipo técnico y las medidas de emergencia
Para enfrentar la crisis, la contraparte técnica de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) y el equipo veterinario del PDTI entregaron antecedentes sobre los operativos desplegados en la zona afectada. El representante del equipo PDTI, precisó que durante las evaluaciones en terreno junto al SAG se constataron diversas falencias estructurales en los predios, señalando que la falta de corrales adecuados deja a los animales expuestos tanto a condiciones climáticas extremas como al ataque de depredadores y jaurías.
Ante la catástrofe, la administración municipal y el PDTI confirmaron la activación de las siguientes medidas inmediatas:
- Aprobación de forraje de emergencia: Un fondo de 27 millones de pesos aprobado en asamblea para la compra e importación directa de alimento que permita mantener al ganado debilitado.
- Stock de insumos veterinarios: Disponibilidad de cerca de 30 millones de pesos en insumos y vacunas para tratamientos sanitarios, manejo de sarna y complejos vitamínicos.
- Canalización de denuncias e indemnizaciones: Se instó a los afectados a ingresar las denuncias formales ante el SAG —proceso que el equipo PDTI se comprometió a asistir de manera presencial— para activar los catastro oficiales e intentar postular a los seguros ganaderos estatales.
Comuneros no descartan acciones legales
A pesar de los anuncios de insumos y forraje, los vecinos de Central Citani dejaron en claro que una bolsa de alimento o una caja de ayuda social no compensa la pérdida de años de trabajo genético y crianza de sus familias. El presidente de la Junta de Vecinos, fue enfático en señalar que si el Estado y la Municipalidad no entregan garantías de resguardo y reparación, evaluarán acudir a otras instancias formales.
«Nosotros vivimos de esto, nos cuesta criar a los animales enfrentando el viento, la lluvia y los malos años. Queremos saber pronto a dónde nos acogemos; si no hay apoyo, marcharemos a la Fiscalía a interponer una demanda nosotros mismos como ganaderos», sentenció el dirigente vecinal.
La masacre de camélidos en Colchane vuelve a poner sobre la mesa la fragilidad de las comunidades cordilleranas frente a los impactos colaterales de la crisis fronteriza, la falta de infraestructura de resguardo animal y la urgente necesidad de articular al SAG, Carabineros, el Gobierno Regional y el municipio para evitar que la ganadería aymara desaparezca a zarpazos.
