Durante esta jornada, el ministro (s) de Justicia, Jaime Gajardo, junto al Subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y el director de Gendarmería, Sebastián Urra, se reunieron en el recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad para anunciar medidas que permitirán una mayor seguridad frente alza de la presencia del crimen organizado en el país.
Por lo mismo, se confirmó que habrá una inversión de más de $100 millones para reparar los destrozos ocurrido en junio, cuando integrantes del Tren de Aragua y Los Pulpos realizaron disturbios en las celdas.
Ahora, estas 20 celdas de máxima seguridad serán readecuadas para prevenir futuros incidentes.
A su vez, el ministro (s) Gajardo señaló que no habrá una flexibilización a las medidas que impone el régimen de alta seguridad, situación que había sido solicitada por los reos y principal motivo de los disturbios del mes pasado.
TELEFONÍA MÓVIL
En la instancia, el secretario (s) de Estado aprovechó de actualizar sobre la situación de los inhibidores de telefonía móvil instalados dentro de los penales, medida que se espera se extienda a nueve otros recintos penitenciarios, cubriendo de está manera el 40% de la población privada de libertad a fines de este año.
“Estos establecimientos penales, definidos en marzo del 2023 como los más estratégicos, serán los próximos en implementar la inhibición de telefonía celular”, añadió Gajardo.
COMPLEJA SITUACIÓN CARCELARIA
Asimismo, el subsecretario Monsalve explicó que cuando el gobierno del presidente Gabriel Boric asumió la conducción del país, existían una población penal de, aproximadamente, 42 mil personas. “Hoy en día hay más de 56 mil”, dijo en la reunión y comentó que, de ellos, cerca del 14% son personas de nacionalidad extranjera.
