La Contraloría General de la República inició una investigación sumaria en la Municipalidad de Arica tras detectar graves irregularidades en el uso de un automóvil institucional. Según el informe del organismo fiscalizador, el conductor asignado al alcalde utilizó el auto para fines personales, chocó en estado de ebriedad registrando 1,44 g/l de alcohol en la sangre y, posteriormente, el municipio no logró acreditar la custodia del bien ni el procedimiento formal de sus reparaciones.
Los hechos se remontan al pasado 14 de mayo de 2026. Tras cumplir con un cometido oficial, el chofer del alcalde de Arica no devolvió el auto municipal destinado exclusivamente al traslado de la máxima autoridad local. En lugar de eso, usó el vehículo para una actividad particular donde presuntamente consumió alcohol.
Horas más tarde, el funcionario protagonizó un accidente de tránsito en plena calle Barros Luco al colisionar con otro automóvil. Testigos del impacto debieron retenerlo en el lugar hasta la llegada de la policía. El examen de alcotest aplicado en el procedimiento marcó 1,44 gramos de alcohol en la sangre, confirmando el estado de ebriedad del conductor al volante del bien público.
Custodia policial bajo sospecha y retiro sin registro documental
El informe de la Contraloría Regional de Arica y Parinacota no solo apuntó al choque. Tras el procedimiento, Carabineros trasladó el automóvil a la Tercera Comisaría de Arica, un movimiento que, según el órgano fiscalizador, no se ajustó a los procedimientos institucionales vigentes. Ante esto, la Prefectura N.° 1 de Carabineros ya abrió una investigación administrativa que deberá entregar resultados en un plazo de 15 días hábiles.
A esto se suma un descontrol administrativo total dentro de la casa edilicia. La Municipalidad de Arica no pudo acreditar con documentos quién retiró el auto desde la comisaría, quién recibió las llaves ni bajo qué autorización volvió a circular. Nadie registró la custodia del patrimonio municipal.
Reparaciones pagadas por el chofer y antecedentes al Ministerio Público
La investigación dejó al descubierto otra grave anomalía: el municipio no levantó informes técnicos sobre los daños del auto fiscal. Los trabajos de reparación fueron financiados de manera particular por el propio chofer involucrado en el accidente. La Contraloría recriminó duramente esta práctica, recordando que la municipalidad tenía la obligación legal de evaluar los daños, autorizar los arreglos y respaldar los gastos para resguardar los fondos públicos.
Por si fuera poco, la fiscalización detectó que el protocolo del Departamento de Seguridad municipal ni siquiera estaba formalizado mediante decreto y carecía de normas para actuar ante choques o casos de ebriedad.
Frente a la gravedad de los antecedentes, la Contraloría iniciará el sumario correspondiente, mientras que el Consejo de Defensa del Estado ya presentó una querella criminal. Además, todos los antecedentes del caso fueron remitidos al Ministerio Público para perseguir las eventuales responsabilidades penales.
