Tras ser detenido con marihuana en una universidad del sur e incumplir su primera medida cautelar, el tribunal autorizó que el imputado fijara su nuevo domicilio en el extremo norte del país, despertando cuestionamientos sobre la eficacia del sistema judicial.
La detención de Sergio Malale Roca, un ciudadano boliviano de 29 años, ha dejado en evidencia una serie de brechas en el sistema de control de extranjeros y en la fiscalización de las medidas cautelares dictadas por los tribunales. El sujeto, quien ingresó a Chile de manera irregular por Colchane el pasado 29 de abril, protagonizó un insólito episodio delictivo en la Región de Los Lagos que hoy tiene a las autoridades y a la comunidad universitaria en alerta.
El hecho ocurrió el 6 de mayo en el campus de la Universidad San Sebastián (USS), sede Patagonia. Según el relato de los equipos de seguridad interna del recinto, el individuo fue observado con actitud sospechosa a bordo de una motocicleta en los estacionamientos institucionales. Al ser abordado, se le encontró una mochila que contenía cerca de 260 gramos de marihuana distribuidos en cinco bolsas herméticas, diseñadas para evadir controles olfativos.
Protocolos exitosos, seguimiento fallido
Sergio Hermosilla, vicerrector de la USS Patagonia, destacó la diligencia de su equipo de seguridad: «Los protocolos internos funcionaron», afirmó, subrayando que la rápida respuesta permitió detener la entrega de la droga antes de que esta se masificara dentro del recinto académico.
Sin embargo, el éxito del procedimiento policial y universitario se vio empañado por la posterior gestión judicial. Tras ser formalizado por el delito de tráfico en pequeñas cantidades, Malale Roca recuperó su libertad, quedando bajo las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual ante Carabineros. El primer control estaba agendado para el 15 de mayo, fecha en la que el imputado simplemente no se presentó.
De Puerto Montt a Iquique: Un cambio de domicilio que genera dudas
Lejos de enfrentar las consecuencias de su incumplimiento, el lunes 18 de mayo, la defensa privada del ciudadano boliviano —con sede en Santiago— presentó una solicitud para cambiar su domicilio desde Puerto Montt hasta Iquique. Sorprendentemente, el tribunal acogió la petición apenas 24 horas después, autorizando el traslado del imputado al extremo norte del país y asignando una nueva unidad policial para sus firmas mensuales.
Este hecho ha generado una fuerte controversia, considerando que el imputado ingresó al país por un paso no habilitado en Colchane hace menos de un mes y que ya registra un incumplimiento a una medida cautelar. Con esta resolución, Malale Roca ahora deberá presentarse a firmar el próximo 15 de junio en Iquique, una ciudad que, paradójicamente, es el punto de entrada y salida frecuente para quienes intentan evadir la justicia cruzando la frontera.
¿Un sistema vulnerable?
El caso pone sobre la mesa el debate respecto a la efectividad de las medidas cautelares para imputados extranjeros sin domicilio fijo ni red de apoyo en el país. Mientras el Gobierno endurece el discurso frente a la criminalidad migrante, la facilidad con la que un imputado por tráfico puede trasladar su residencia a miles de kilómetros de donde fue detenido, tras haber incumplido su primera obligación legal, abre una peligrosa ventana de impunidad.
Por ahora, la justicia aguarda el 15 de junio para verificar si el ciudadano boliviano efectivamente cumplirá con su firma en la Región de Tarapacá o si el sistema judicial ha facilitado, involuntariamente, la libertad de movimiento de un individuo que ya ha demostrado su falta de compromiso con el ordenamiento jurídico nacional.
