Una grave vulnerabilidad en el desarrollo del concurso público nacional para proveer cargos de fiscales adjuntos quedó al descubierto al interior de la Fiscalía Nacional. El desperfecto tecnológico afectó directamente la revisión de los exámenes escritos de decenas de profesionales que aspiraban a ocupar una de las 22 vacantes distribuidas en diversas zonas del país, incluyendo las fiscalías regionales de Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso y la Región Metropolitana.
La anomalía técnica ocurrió durante la evaluación masiva del pasado 25 de abril y se detectó gracias a los reclamos de una participante que notó severas inconsistencias en su cartola de puntajes.
A través de una comunicación oficial interna, la gerenta de la División de Personas de la Fiscalía Nacional, Paula Arroyave, detalló que “con fecha 12 de mayo, en la etapa de revisión de pruebas, se detectó por parte de una postulante, que en sus resultados el número de las respuestas omitidas era mayor a las que recordaba, por lo que se revisó inmediatamente su prueba observando una inconsistencia en el registro de la lectura óptica de las marcas de su hoja de respuesta”.
EL DESASTRE LOGÍSTICO DE LA LECTURA ÓPTICA
Tras la denuncia de la afectada, el organismo persecutor debió exigir explicaciones inmediatas a la empresa externa encargada del servicio de evaluación, descubriendo que el origen del problema radicaba en la manipulación digital de los equipos. Respecto a los detalles de este desperfecto, la gerenta Paula Arroyave especificó que “al haber reinstalado el software en un nuevo computador, no quedó configurada adecuadamente la escala de grises con la cual se reconocen las respuestas marcadas en las hojas de respuesta”.
Este error de configuración obligó a un control cruzado de emergencia sobre la totalidad de los documentos físicos, arrojando que, de 226 exámenes tomados, 51 presentaban fallas en la lectura automatizada. El vuelco metodológico provocó que seis profesionales que figuraban como reprobados ahora avancen a la fase de examen oral, forzando al Ministerio Público a modificar sus plataformas web y abrir nuevos plazos de apelación regulatoria.
La situación instaló un profundo estado de alerta y desconfianza en las jefaturas de las distintas fiscalías regionales de Chile. Fuentes internas del organismo manifestaron su extrema preocupación ante la posibilidad de que postulantes con altas capacidades queden excluidos de forma injusta por negligencias informáticas; una inquietud que se vuelve crítica considerando que la institución iniciará prontamente el proceso de selección de 70 nuevos fiscales a nivel nacional bajo el amparo de la Ley de Fortalecimiento del Ministerio Público.
