
Seis concejales de Iquique difundieron una declaración pública para defender su rechazo a una propuesta que comprometía hasta $650 millones municipales, apuntando a vacíos técnicos, permisos, garantías, simbología cultural y prioridades de la comuna.
La polémica por el Show de Drones 2027 encendió la discusión pública y generó críticas hacia quienes votaron en contra de la iniciativa. Frente a esos cuestionamientos y a los calificativos que tildaron el rechazo como una decisión irresponsable, un grupo de concejales de Iquique salió a poner sus argumentos sobre la mesa mediante una declaración pública fechada el 20 de noviembre de 2026.
Los firmantes son Cristian Barra Fasciani, Carolina Valdés Díaz, Martin Lonza Munizaga, Domingo Campodónico Saluzzi, Washington Maldonado Maya y Néstor Jofré Cáceres. Desde entrada, aclaran que su voto no apunta contra los espectáculos, la cultura ni la opción de traer eventos de alto nivel a Iquique, sino que responde al análisis de un proyecto que comprometía recursos municipales de hasta $650.000.000 sin contar, según su postura, con los antecedentes técnicos, artísticos y administrativos suficientes para respaldar semejante gasto.
Viabilidad técnica y falta de certeza artística
El primer punto que levantan los ediles gira en torno a lo que exigían las bases: una propuesta inmersiva que mezclaba drones, láseres, música y otros elementos escénicos. Para los concejales, hacía falta una propuesta artística bien desarrollada, junto con antecedentes visuales y técnicos integrados, que mostraran qué iba a verse, cómo se ejecutaría y de qué forma el municipio fiscalizaría lo contratado.
No lo plantean como un capricho estético ni como un detalle menor. Argumentan que contar con esos antecedentes resulta necesario para medir la calidad del espectáculo y tener criterios objetivos para exigir el cumplimiento del contrato si algo falla en la ejecución.
Garantía de fiel cumplimiento y resguardo de las platas municipales
El segundo eje apunta a los mecanismos de protección para las arcas comunales. Los concejales sostienen que tener una garantía de fiel cumplimiento no basta por sí sola para asegurar que el contrato se ejecute bien; también exigen obligaciones técnicas y artísticas claras y verificables que permitan acreditar incumplimientos de forma objetiva.
En el caso de este proyecto, señalan que la garantía equivalente al 5% del monto total del contrato requería analizar su efectividad real como resguardo, las condiciones contractuales para hacerla exigible y los mecanismos para cobrarla ante eventuales incumplimientos. A su juicio, los recursos municipales necesitan protecciones efectivas y no solo papeles que cumplan formalmente.
Seguridad, tramitación de permisos y coberturas de seguros
Otro flanco abierto en la declaración toca la seguridad, las autorizaciones y las responsabilidades asociadas a un show de este tipo. Los concejales expresaron su preocupación por no tener oportunamente antecedentes claros sobre cómo avanzaba la tramitación de permisos ante organismos competentes —mencionando expresamente a la DGAC y la JAC— ni sobre las coberturas de seguros para proteger tanto al público como al municipio.
Precisan, eso sí, que no exigen tener todos los permisos aprobados antes de la votación. Lo que piden es información suficiente para saber cómo se aseguraría su obtención y el cumplimiento de las condiciones de seguridad antes de que el evento se realice.
Simbología cultural, chacana, Wiphala e identidad local
Uno de los temas que más ruido ha generado en el debate público es el cultural, que a juicio de los firmantes terminó tapando otros argumentos de fondo. Los concejales aclaran que no desconocen la importancia de la chacana tradicional en expresiones de la cultura andina ni objetan los colores de la Wiphala.
Su reparo apunta a una reinterpretación gráfica específica dentro de la propuesta del espectáculo, la cual incorporaba elementos ligados a la simbología institucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Sostienen que, al tratarse de un proyecto financiado con recursos de la Municipalidad de Iquique, la representación cultural y territorial exigía definir con claridad y pertinencia los elementos propios de la identidad local y abrir un debate más profundo en el Concejo Municipal.
Por eso rechazan que su observación se reduzca o tergiverse como un ataque a la cultura andina o a los símbolos que integran sus distintas expresiones culturales.
Calles, veredas, iluminación y prioridades en la comuna
Más allá del espectáculo en sí, los concejales sitúan la discusión en el día a día de Iquique. Reconocen que la comuna necesita actividades que reúnan a las familias, impulsen el turismo y abran espacios de encuentro, pero subrayan que los vecinos esperan respuestas rápidas en reparación de calles y veredas, seguridad, iluminación, recuperación de espacios públicos y mejores servicios municipales.
Aseguran que no ven incompatible una actividad cultural con las necesidades de la ciudad, pero insisten en que cada inversión municipal debe venir bien justificada, con reglas claras de ejecución y un uso responsable de los recursos de todos los iquiqueños.
La discusión pendiente sobre la gestión en Iquique
En el tramo final de la declaración, los seis concejales apuntan a que esta polémica pudo haberse evitado, pero que ya instalada abre un debate pendiente en Iquique. Plantean cuántas controversias más deben ocurrir para que las demandas de la ciudadanía reciban atención y respuestas concretas.
Mirando hacia la calle, mencionan el deterioro de los espacios públicos, la falta de iluminación, sectores que llevan décadas abandonados y la situación de quienes viven en situación de calle. Con ese diagnóstico, piden menos excusas, más gestión y respuestas oportunas, junto con más soluciones y servidores públicos dispuestos a trabajar y dialogar por el bienestar de quienes habitan la ciudad.




