El tribunal de alzada determinó que la condena dictada en 2025 careció de fundamentos serios y completos, por lo que dejó sin efecto la sentencia y dispuso un nuevo juicio oral para revisar las imputaciones por malversación de caudales públicos.
El caso judicial que durante años mantuvo bajo la lupa a la Municipalidad de Alto Hospicio deberá comenzar nuevamente desde cero. La Corte de Apelaciones de Iquique resolvió anular la condena dictada en octubre de 2025 contra Rubén Rivera Tudela, ex jefe de Administración y Finanzas del municipio, decisión que obliga a realizar un nuevo juicio oral, al concluir que la sentencia original careció de fundamentos sólidos y completos para establecer su responsabilidad penal.
La resolución del tribunal de alzada no solo borra los efectos de la condena por malversación de caudales públicos, sino que remueve una de las piezas centrales de una investigación que indagó la desaparición de más de 183 millones de pesos en recursos fiscales, desviados —según la Fiscalía— mediante un mecanismo sistemático entre los años 2014 y 2016. La Corte fue categórica: el fallo anterior no logró demostrar, con el estándar exigido, que Rivera tuviera el dominio jurídico de los fondos públicos que se le imputaban.
Una condena sin sustento suficiente
En su fallo, la Corte de Apelaciones de Iquique cuestionó duramente la sentencia del tribunal oral que había condenado tanto a Rivera Tudela como a Francisco Lizana Catalán, ex director de Finanzas del municipio. A juicio de los ministros, el razonamiento judicial no explicó de forma clara ni convincente por qué el ex jefe administrativo debía ser considerado autor del delito de malversación.
“El tribunal no entregó fundamentos serios, completos ni coherentes que permitan concluir la culpabilidad del acusado”, señala el fallo, estableciendo que las conclusiones condenatorias se apoyaron en inferencias insuficientes y carentes de respaldo probatorio directo.
Esta deficiencia obligó a la Corte a adoptar una medida drástica: invalidar la sentencia completa y ordenar la realización de un nuevo juicio, en el que la Fiscalía deberá volver a presentar sus pruebas y argumentos desde el inicio.
La defensa: “No comete malversación quien no administra jurídicamente los fondos”
Tras conocerse la resolución, la defensa de Rubén Rivera —encabezada por los abogados Juan Carlos Manríquez y Yamil Yuivar— sostuvo que el fallo reafirma una tesis que han planteado desde el comienzo del proceso.
“Rubén Rivera es totalmente inocente. Vamos a insistir en ello en el nuevo juicio y en lo que ha señalado la jurisprudencia, incluso la Corte Suprema: no comete malversación quien no está jurídicamente a cargo de los caudales públicos”, señalaron los defensores.
Cabe recordar que Rivera había sido condenado por un único delito de malversación, pero absuelto del cargo de lavado de activos por falta de pruebas, lo que ya había generado cuestionamientos respecto de la solidez global de la acusación.
El esquema que remeció al municipio
La investigación se remonta a un contrato suscrito en 2008 entre la Municipalidad de Alto Hospicio y el Banco de Crédito e Inversiones (BCI), destinado a la administración de cuentas municipales y otros servicios financieros.
Según los antecedentes del caso, entre 2014 y 2016, funcionarios del área de finanzas habrían diseñado un mecanismo fraudulento que consistía en la creación de cuentas vista a nombre de exfuncionarios municipales. Estas cuentas eran utilizadas para simular pagos de remuneraciones inexistentes.
Las tarjetas bancarias quedaban en poder de los involucrados, quienes luego realizaban transferencias desde cuentas municipales hacia estas “cuentas primas”. Posteriormente, se efectuaron 118 giros en cajeros automáticos, provocando un perjuicio fiscal que ascendió a $183.290.000.
El entramado salió a la luz luego de la denuncia de un ex trabajador municipal, lo que dio inicio a una investigación penal de alto impacto regional.
Un nuevo juicio, un nuevo escenario
Con la anulación de la condena, el proceso judicial entra en una etapa decisiva. El nuevo juicio oral no solo reexaminará los hechos, sino que pondrá nuevamente a prueba la capacidad del Ministerio Público para acreditar responsabilidades individuales en un caso complejo, técnico y altamente sensible para la probidad municipal.
Mientras tanto, Rubén Rivera Tudela recupera la presunción de inocencia y enfrentará un nuevo proceso que podría redefinir por completo el desenlace de uno de los casos más emblemáticos de presunta corrupción municipal en la región de Tarapacá.
El juicio deberá repetirse. Y con él, también el escrutinio público sobre cómo se administraron —o se desviaron— millones de pesos de recursos públicos en Alto Hospicio.
🟢 IMPORTANTE ACLARACIÓN:
De acuerdo con el principio de presunción de inocencia, toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente mientras no exista una sentencia judicial firme que determine su culpabilidad.
Esta nota aborda un proceso aún en desarrollo y no pretende prejuzgar los hechos ni el resultado final de las investigaciones.
