Una comisión investigadora en torno a las licitaciones del Servicio de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia , despachó a la Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas un informe de consenso, tras aprobarlo de forma unánime.
Si la Sala lo ratifica, será remitido a los ministerios de Desarrollo Social, de Salud, de Educación, de Vivienda, de Justicia y de Interior, al igual que a la Presidencia de la República, la Subsecretaría y Defensoría de la Niñez y la repartición indagada, entre otros organismos.
El documento, que aborda los fallidos concursos públicos para programas ambulatorios y las listas de espera para niños, niñas y adolescentes cuyos derechos han sido vulnerados, incorpora recomendaciones administrativas y legales para mejorar el funcionamiento del servicio.
Gracias a lo expuesto en la instancia por asociaciones de funcionarios, autoridades de Gobierno, del Poder Judicial y la Defensoría de la Niñez, se concluyó que «la implementación del servicio se realizó de forma apresurada y desprolija», debido a un «actuar descoordinado entre el Sename, el nuevo servicio y otros organismos del Estado», consigna un comunicado de la bancada de diputados PPD.
RESPONSABILIDADES
El presidente de la instancia, Héctor Ulloa (ind-PPD), dijo tras el análisis que el informe «refuerza la idea de que los niños, niñas y adolescentes tienen que ser nuestra absoluta prioridad, y evitar a toda costa que se vulneren sus derechos fundamentales, y sean expuestos a redes de explotación sexual infantil».
«Existe consenso de que el tiempo de implementación para generar y crear este nuevo servicio de Mejor Niñez fue bastante escaso, razón por la cual han existido bastantes inconvenientes. Y no solamente eso, sino que los primeros recursos que el servicio obtuvo fue a través de la Ley de Presupuestos para 2023, es decir, este año. Es por eso que se están generando recién mejoras, sobre todo en infraestructura y mejores licitaciones en materia de organismos colaboradores», relevó.
También se determinó que la Subsecretaría de la Niñez tiene «responsabilidades políticas respecto del diseño y la implementación» del servicio, y se considera que, junto con el Ministerio de Desarrollo Social, deben «colocar el foco urgente en mejorar las condiciones de vida de cientos de miles de niños, niñas y adolescentes que requieren de una mirada urgente», agregó Ulloa.
