La organización criminal cobraba hasta 700 dólares por persona, incluyendo cargos extra por equipaje y por cargar a niños en el cruce fronterizo. El Ministerio Público acreditó siete operativos de ingreso clandestino desde Tacna, estableciendo sentencias de hasta 8 años de presidio efectivo.
En un fallo ejemplarizante para el control fronterizo y la lucha contra las mafias transnacionales, la Fiscalía Local de Arica logró obtener sentencias de presidio efectivo contra los principales integrantes de una sofisticada red criminal dedicada al tráfico de migrantes. La investigación permitió acreditar que, desde el año 2024, la agrupación vulneró la soberanía nacional ingresando de manera irregular a más de 60 personas, entre las que se encontraban niños, niñas y adolescentes.
Tras un exhaustivo juicio oral, el tribunal dictó una pena de 8 años de presidio efectivo para el ciudadano venezolano Yorman Espinoza Aguilera, mientras que el acusado de nacionalidad peruana, Esmaro Cubas Frías, fue sentenciado a 6 años de cárcel. Ambos fueron hallados culpables como autores de cinco delitos de tráfico de migrantes agravado y dos de carácter simple.
Una estructura logística delictiva
El éxito de la indagatoria fue fruto del trabajo coordinado entre la Unidad de Inteligencia y Crimen Organizado de la Fiscalía, la Brigada Investigadora de Trata de Personas (BRITRAP) y la Brigada de Lavado de Activos (BRILAC) de la PDI Arica. Según se expuso en el juicio, la red operaba con una logística precisa que comenzaba en la ciudad de Tacna, Perú.
Allí, los acusados captaban a los migrantes y los trasladaban hasta la zona fronteriza. En ese punto, entraba en acción un «coyote» encargado de guiarlos a pie por pasos clandestinos hacia Chile. Una vez en territorio nacional, otros miembros de la banda los esperaban en vehículos para trasladarlos hasta un hostal en la calle Raúl del Canto, en Arica, que funcionaba como centro de acopio y administración de la organización.
Lucro desmedido: Cobros por bolsos y por cargar niños
Uno de los detalles más crudos revelados durante el proceso judicial fue la forma en que la red rentabilizaba cada aspecto del cruce ilegal. Los migrantes debían pagar sumas que oscilaban entre los 150 y los 700 dólares, monto que en teoría cubría el cruce, el transporte y el alojamiento.
Sin embargo, los delincuentes aplicaban tarifas adicionales por cada bolso o maleta transportada. Incluso, se acreditó que la organización llegaba a cobrar dinero extra por cargar a los niños durante el extenuante trayecto por los pasos no habilitados, evidenciando un total desprecio por la vulnerabilidad de las familias.
Desarticulación total
Con estas dos nuevas sentencias, la red criminal queda virtualmente desarticulada, sumándose a otros tres miembros que ya habían sido condenados anteriormente en juicios abreviados a penas de 5 años de presidio cada uno.
La Fiscalía destacó que, en algunos casos, la red no solo ofrecía el ingreso a Arica, sino que también facilitaba pasajes con destino a Santiago, funcionando como una agencia de viajes clandestina con alcances nacionales. La severidad de las penas obtenidas este lunes refuerza el mensaje de tolerancia cero contra quienes lucran con la desesperación de las personas y ponen en riesgo la seguridad de las fronteras del norte del país.
