La Fiscalía Regional de Tarapacá, en conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI), concretó la devolución de 21 toneladas de cobre robado a las empresas afectadas por una serie de sustracciones ocurridas en la región. El material fue hallado en abril de este año dentro de un contenedor en el puerto de Iquique, y tras diversas pericias se confirmó que correspondía a cableado eléctrico sustraído.
El fiscal regional (s) Gonzalo Valenzuela destacó el resultado de la investigación, señalando que el trabajo conjunto con la Brigada de Robos y el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos busca establecer eventuales vínculos de estos robos con el crimen organizado.
“Más allá del daño económico, estos delitos generan un perjuicio social importante, ya que afectan servicios básicos de la comunidad. Por eso, valoramos poder devolver este material a sus verdaderos dueños”, expresó.
Las empresas Sacyr (concesionaria de Rutas del Desierto), Aguas del Altiplano y CGE fueron las compañías que reconocieron el cobre como de su propiedad, recibiendo así la restitución del material incautado.
La subprefecta Macarena Ortega, jefa de la Brigada de Robos de Iquique, explicó que la diligencia comenzó cuando Aduanas detectó irregularidades en un contenedor y dio aviso a la Fiscalía. “Durante el aforo físico, constatamos que se trataba de cobre en forma de cableado eléctrico, gran parte proveniente de las zonas donde se habían registrado robos. Al contactar a las empresas afectadas, estas confirmaron que el material les pertenecía”, señaló.
Por su parte, la seremi de Seguridad Pública, Ana María Peralta, destacó el trabajo coordinado entre instituciones públicas y privadas para enfrentar el robo de cables, delito que afecta directamente servicios esenciales. “Estos hechos no solo generan pérdidas económicas, sino que también pueden interrumpir el suministro eléctrico y de agua potable, impactando la vida diaria de los habitantes de Tarapacá”, indicó.
Finalmente, la autoridad reiteró el compromiso de mantener mesas de trabajo público-privadas orientadas a prevenir, investigar y sancionar este tipo de delitos, reforzando la colaboración interinstitucional para proteger la infraestructura crítica de la región.
