Luego de 12 días de receso, ayer se reanudó la audiencia de formalización de los exgenerales de Carabineros Ricardo Yáñez, Mario Rozas y Diego Olate. Todos imputados por el delito de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio en el marco del estallido social.
Así, en el VII Juzgado de Garantía, se desarrolló la tercera jornada en donde la Fiscalía Centro Norte solicitó las cautelares de arraigo nacional y firma quincenal.
De acuerdo con la fiscal jefa de Alta Complejidad, Ximena Chong, tanto Yáñez, como Rozas y Olate han colaborado con la investigación.
“Lo que, a juicio de la Fiscalía, satisface una de las finalidades esenciales de las medidas cautelares, que se traduce justamente en que se encuentren disponibles para los actos de la investigación, cuestión que se manifiesta en la comparecencia, que es obligatoria, a esta audiencia de formalización”, señaló.
Chong detalló que la administración del expresidente Sebastián Piñera, les solicitó a los imputados, desde el 14 de octubre, respeto a los derechos fundamentales, a la realización de sumarios administrativos, el apego a los protocolos y total transparencia en las diligencias.
En tanto, los altos mandos no realizaron algunas acciones para impedir los apremios ilegítimos, según lo que dicen las mismas declaraciones de Piñera y sus dos ministros del Interior y Seguridad Pública: primero Andrés Chadwick y, segundo, Gonzalo Blumel.
INDH
En tanto, el abogado Ignacio González, en representación del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) solicitó las cautelares de privación de libertad domiciliario, arraigo nacional y prohibición de acercamiento a la víctima.
Esto, debido que la comisión expresamente tipificada es una “situación excepcional” de una máxima gravedad y que todos los informes internacionales concluyeron que hubo un uso antijurídico de la fuerza, reflejado en las lesiones oculares.
En específico, González señaló que tan solo en la primera quincena del estallido social se dispararon 104 mil cartuchos y 125 víctimas de lesiones oculares.
“Los menciono porque estos antecedentes de uso de la escopeta antidisturbios en un lapsus de cinco meses, en dos semanas ya teníamos una situación extraordinariamente grave. Había una certeza absoluta de la gravedad de esta arma”, subrayó.
PRISIÓN PREVENTIVA
En tanto, la abogada querellante, Karinna Fernández, solicitó al VII Juzgado de Garantía la medida de prisión preventiva para los Carabineros, debido al carácter excepcional de los delitos por lo que están siendo formalizados.
Para la jurista, los imputados no han colabora con la investigación. “Muchas veces como el general Yáñez, incluso, estando de general director de una institución dilató la idea de ir a declarar. (…) Son situaciones que impidieron un acceso oportuno a muchos de los elemento que parece crucial con la cercanía del momento de la investigación y de los hechos”, argumentó.
DEFENSA
Este martes le toca a la defensa de los altos mandos presentar sus descargos, en una cuarta jornada de formalización.
