EE.UU. A LA CAZA DE RAÚL CASTRO: EL EXLÍDER CUBANO PODRÍA ENFRENTAR LA PENA DE MUERTE POR ASESINATO Y CONSPIRACIÓN PARA MATAR
El Departamento de Justicia estadounidense reveló graves cargos penales contra el exmandatario de 94 años por el derribo en 1996 de dos aviones, que acabó con el deceso de cuatro miembros de la organización «Hermanos al Rescate». El fiscal general interino, Todd Blanche, confía en su inminente arresto y no descarta ninguna vía legal o táctica para llevarlo a una prisión federal, en medio de la creciente ofensiva de la administración Trump tras la reciente captura del venezolano Nicolás Maduro.
En una maniobra judicial y geopolítica de proporciones históricas, el Gobierno de Estados Unidos ha puesto la mira definitiva sobre la cúpula del régimen castrista. El exgobernante cubano, Raúl Castro, de 94 años, podría enfrentar una condena a la pena capital o cadena perpetua tras hacerse pública una contundente imputación por asesinato en una corte federal estadounidense.
Los cargos, que reposan desde abril en la corte federal del Distrito del Sur de Florida, acusan directamente al hermano menor de Fidel Castro de conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y asesinato. Todo esto, por presuntamente haber dado la orden directa para el derribo de dos pequeñas avionetas el 24 de febrero de 1996, cuando ocupaba el cargo de ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba.
«Esperamos que aparezca por su propia voluntad o de otra forma»
El encargado de confirmar la ofensiva judicial fue el fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, quien desde Miami entregó declaraciones que dejaron en evidencia la firme postura de Washington.
«Esta es una imputación, hubo una orden emitida para su arresto, así que esperamos que él aparezca aquí por su propia voluntad o por cualquier otra forma y vaya a prisión», sentenció Blanche, dejando la puerta abierta a múltiples escenarios para lograr la comparecencia del nonagenario exlíder caribeño.
El ambiente político está inevitablemente marcado por la reciente y espectacular operación llevada a cabo el 3 de enero en Venezuela, la cual culminó con la captura del entonces gobernante Nicolás Maduro, hoy recluido en una prisión de Nueva York enfrentando cargos criminales. Al ser consultado sobre si Washington planea una incursión similar en La Habana para extraer a Castro, el fiscal Blanche fue cauteloso pero contundente:
«No voy a comparar casos, en primer lugar. En segundo, imputamos a hombres que no están físicamente en Estados Unidos todo el tiempo. Este no es un nuevo proyecto o aventura para nosotros. Y la forma en la que traemos a personas acusadas de un crimen varía», advirtió el titular de Justicia.
Cadena perpetua o pena de muerte
La gravedad de los cargos fue detallada por la senadora republicana de Florida, Ashley Moody. Según la legislación estadounidense, el primer delito (conspiración) le valdría a Castro un máximo de cadena perpetua; el segundo (destrucción de aeronave), cinco años en prisión; y, lo más grave, por cada uno de los cuatro asesinatos imputados, afrontaría «un máximo cargo de muerte o cárcel de por vida».
Las víctimas de aquel fatídico 24 de febrero de 1996 eran miembros de Hermanos al Rescate, una organización civil que se dedicaba a sobrevolar el estrecho de Florida para localizar y auxiliar a los balseros que intentaban escapar de la isla. En el ataque perdieron la vida Carlos Costa, Armando Alejandre y Mario Manuel de la Peña (todos ciudadanos estadounidenses de origen cubano), y Pablo Morales, residente legal en EE.UU. Además de Raúl Castro, la acusación formal del Departamento de Justicia incluye a otros altos mandos militares cubanos presuntamente involucrados en la cadena de mando y ejecución del ataque: Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas, Luis Raúl González-Pardo Rodríguez y Lorenzo Alberto Perez-Perez.
El contexto internacional y la presión de Trump
Históricamente, el Gobierno cubano justificó el derribo argumentando que las aeronaves civiles habían violado su espacio aéreo soberano y tildó a los aviadores fallecidos de «terroristas». Sin embargo, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) dictaminó en su momento que el injustificable incidente ocurrió sobre aguas internacionales, desmintiendo la versión de La Habana.
Esta histórica imputación trasciende en un momento de altísima tensión diplomática. La revelación de los cargos forma parte de la creciente y asfixiante presión ejercida por la Administración del presidente Donald Trump contra los regímenes socialistas de la región. Con Maduro ya tras las rejas en Nueva York, el cerco judicial sobre Raúl Castro envía un mensaje inequívoco de que Washington no está dispuesto a perdonar los crímenes contra sus ciudadanos, sin importar cuántas décadas hayan transcurrido.
