Una masiva fiscalización interinstitucional encabezada por el Primer Juzgado de Policía Local destapó condiciones inhumanas de habitabilidad al interior de galpones en la zona franca. Autoridades detectaron menores vulnerados, contaminación severa por hidrocarburos y graves peligros de tragedia.
La inspección personal liderada por la jueza del Primer Juzgado de Policía Local, Antonella Sciaraffia dejó al descubierto un escenario crítico de vulneración de derechos y precariedad extrema. El despliegue, que movilizó a Carabineros, PDI, Bomberos, Aduanas y servicios públicos, irrumpió en los galpones del barrio industrial tras diversas denuncias tramitadas en el tribunal.
La magistrada explicó que el procedimiento busca frenar cualquier desgracia ante la total falta de condiciones dignas, señalando que «estamos abriendo las puertas para poder prevenir que no ocurran tragedias porque hemos encontrado niños viviendo acá».
Familias y menores viviendo entre instalaciones peligrosas
El hallazgo más desgarrador del operativo apuntó directamente a las condiciones habitacionales. Dentro de los recintos fiscalizados, los equipos inspectivos descubrieron a personas viviendo en condiciones paupérrimas, rodeadas de baños insalubres y estructuras altamente peligrosas.
La situación escaló al constatarse la presencia de menores vulnerados en el lugar, lo que activó de inmediato los protocolos de protección de los organismos competentes.
Pánico por riesgos de incendio y contaminación ambiental
Por su parte, la seremi de Salud, Ximena Muñoz, detalló parte de los hallazgos sanitarios y laborales en el terreno. La autoridad regional advirtió que «me ha llamado poderosamente la atención las condiciones de habitabilidad de los trabajadores, además de los suelos que revelan una contaminación bastante severa con hidrocarburos», agregando que se levantaron sumarios y se fiscalizaron condiciones de almacenamiento y venta clandestina de alimentos.
A los alarmantes riesgos de incendio detectados por personal de Bomberos debido a instalaciones eléctricas deficientes, se sumó la acumulación masiva de elementos en desuso abandonados en la vía pública.
Despliegue de bienes nacionales y articulación de seguridad
En tanto, la seremi de Bienes Nacionales, Noelia Garrido, precisó el rol institucional sobre la administración y los límites territoriales de la superficie fiscal en la zona, indicando que el trabajo coordinado permite catastrar y actualizar los espacios perimetrales junto a los distintos servicios.
Asimismo, el seremi de Seguridad, Eduardo Salazar, destacó la importancia de la articulación del Estado por mandato del tribunal. El representante de seguridad pública recalcó que «articulamos todos los organismos del Estado para verificar en terreno qué está sucediendo en este sector comercial y lógicamente si se sorprende algún tipo de infracción o delito poder atacarlo de forma flagrante», confirmando que las fiscalizaciones continuarán en todo el sector amurallado de Zofri.
Detenciones y resultados del despliegue
La intervención conjunta permitió asegurar un cerco institucional para fiscalizar tanto las condiciones laborales como la legalidad de las mercancías y vehículos presentes. Durante el desarrollo de las diligencias, los organismos de seguridad concretaron detenciones por infracción a la Ley de Control de Armas y por vulneración de derechos de menores, además de decomisar mercadería clandestina, bengalas y ubicar vehículos con encargo por delitos o alteraciones de chasis.
Las autoridades confirmaron que este masivo operativo marca el inicio de una serie de fiscalizaciones sin atajos en todo el sector amurallado de Zofri y sus alrededores, exigiendo responsabilidades a quienes convirtieron el barrio industrial en un espacio al margen de la ley.
