Tras la formalización del megaoperativo que blanqueó más de $75 mil millones, el fiscal Héctor Barros confirmó que la banda criminal no solo infiltró el Banco Santander, sino que reclutaba especialistas bancarios para vulnerar los controles, atomizar los fondos y sacar las fortunas ilícitas hacia el extranjero.
Lo que inicialmente parecía un caso aislado de corrupción privada ha escalado hasta transformarse en una vulneración estructural sin precedentes en la banca chilena. La Fiscalía de Alta Complejidad de la Zona Metropolitana Sur provocó un verdadero terremoto en el sector financiero al revelar que una ejecutiva de BancoEstado formaba parte del entramado criminal del Tren de Aragua, sumándose así al ya conocido rol operativo que cumplía un ejecutivo del Banco Santander dentro de la misma organización.
La revelación se dio a conocer tras una maratónica audiencia de formalización de 17 integrantes de un peligroso brazo de la megabanda venezolana, dedicados a delitos de alta connotación como extorsión a dueños de locales nocturnos, secuestros, contrabando y explotación sexual. El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, confirmó la información ante la prensa tras el término de la jornada judicial: “De acuerdo a los antecedentes que vertió la defensa y la propia imputada en la audiencia, hay una imputada que pertenece, que es ejecutiva también, en el BancoEstado”.
La ruta del dinero: El sofisticado método para blanquear $75.000 millones
La investigación penal logró establecer que esta facción delictiva consiguió lavar más de $75 mil millones en activos, millonarias sumas que tenían como destino final las arcas de uno de los líderes históricos del Tren de Aragua, Carlos “Bobby”, quien actualmente se encuentra coordinando operaciones recluido en una cárcel de máxima seguridad en Colombia.
Al desglosar el modus operandi, el fiscal Barros detalló en televisión abierta cómo los tentáculos de la organización captaban a operarios internos de la banca chilena. Respecto al imputado José Carlos Pérez Asencio (exejecutivo de Banco Santander), el persecutor explicó que su función principal era recibir millonarios depósitos y trasladar los dineros de forma fraccionada para borrar el rastro de origen.
“Hay una fórmula que ellos utilizan, que es que le hacen depósito al ejecutivo bancario más a tres personas más. Esos depósitos se mueven entre las distintas cuentas corrientes y de ahorro. Vale decir, usted deposita $100 millones y le devuelven 20 y van los otros 80 a otras personas, y así lo van dividiendo”, expuso Barros.
Finalmente, la totalidad de los fondos extorsionados pasaban desde la cuenta del ejecutivo hacia dos empresas de papel creadas por ciudadanos venezolanos llamadas BexGroup y BexDigital. De ahí, el dinero saltaba a otras firmas fantasma o corporaciones legales, desde donde se realizaban transferencias internacionales, haciendo que el capital perdiera completamente su trazabilidad. “Ellos lo que buscan siempre son personas que conozcan o se manejen un poco en el sistema financiero para efecto de poder buscar la fórmula de sacar los dineros”, sentenció el fiscal.
Criptoactivos congelados y 14 delincuentes tras las rejas
La contraofensiva del Ministerio Público y las policías no solo desbarató la red humana, sino que atacó directamente el patrimonio de la mafia transnacional. La Fiscalía Sur confirmó que se ha logrado establecer e intervenir una infinidad de cuentas corrientes, cuentas de ahorro y billeteras de criptomonedas o criptoactivos, los cuales se encuentran actualmente congelados bajo custodia judicial para frenar el flujo de transacciones.
Tras ponderar el cúmulo de evidencias científicas y testimoniales, el tribunal acogió los argumentos de la fiscalía y decretó la prisión preventiva para 14 de los 17 imputados, quienes fueron catalogados como un peligro latente para la seguridad de la sociedad tras ser formalizados por asociación criminal, lavado de activos, contrabando y extorsiones. Por su parte, los tres imputados restantes —cuya participación fue calificada en menor grado— quedaron con medidas cautelares de arresto domiciliario: dos de ellos con arresto total y una mujer de 80 años con reclusión domiciliaria nocturna.
