Con un sólido respaldo parlamentario, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley que fortalece significativamente el control preventivo de identidad en las zonas limítrofes e infraestructura estratégica del país. La iniciativa legal representa un vuelco radical en las facultades de fiscalización y contó con el respaldo unánime de los tres diputados de la Región de Tarapacá, quienes alinearon sus votos a favor de otorgar nuevas herramientas operativas para frenar el avance de las organizaciones criminales en la zona norte.
El resultado del tablero de votación en el Congreso reflejó un amplio consenso político para abordar la crisis de seguridad, registrando 105 votos a favor, apenas 14 en contra y 23 abstenciones. Este contundente respaldo permite acelerar el trámite de una normativa que busca devolver de manera efectiva el orden público y la soberanía del Estado en los márgenes geográficos de la nación.
Las nuevas atribuciones aprobadas por el parlamento permitirán el registro de vestimentas, equipajes y vehículos en los diferentes pasos fronterizos. Asimismo, la ley innova al establecer una franja especial de control de hasta 10 kilómetros hacia el interior del territorio nacional, medidos desde la línea de la frontera terrestre, rango de acción preventiva que se extenderá además hacia el espacio marítimo.
En ese sentido, Álvaro Jofré, diputado por la Región de Tarapacá, intervino durante el debate en la sala y destacó que la soberanía no consiste sólo en tener leyes o instituciones, sino en la capacidad real del Estado para decidir, imponer orden o preservar su existencia política. «Chile no puede permitir que la frontera se transforme en una ficción jurídica. Cuando el Estado pierde control efectivo de sus fronteras, otros ocupan ese espacio. Eso fue exactamente lo que ocurrió en el norte de Chile«, argumentó el parlamentario respecto a la urgencia de la medida.
El legislador por el distrito 2 también complementó su postura señalando que el descontrol fronterizo dejó hace tiempo de ser únicamente un fenómeno migratorio y pasó a convertirse en un problema de seguridad nacional, lo que exige fortalecer las facultades de fiscalización. «El problema de la frontera no es sólo migratorio ni policial, es un problema de autoridad política y debilitamiento progresivo de las capacidades institucionales«, sentenció la autoridad.
SEGURIDAD NACIONAL E INFRAESTRUCTURA CRÍTICA
El nuevo marco regulatorio no limita las capacidades preventivas a los límites geográficos, sino que expande el radio de protección a recintos catalogados como infraestructura estratégica. Entre estos espacios prioritarios se encuentran puertos, aeropuertos, centros de salud e instalaciones energéticas. La premisa del articulado radica en que la vulnerabilidad de las fronteras requiere de capacidades reales y dinámicas de control para neutralizar a las estructuras delictivas modernas.
La fundamentación del proyecto apunta de manera directa a contrarrestar las denominadas rutas clandestinas y los pasos ilegales que terminaron siendo utilizados por el narcotráfico, el contrabando y el crimen organizado. Frente a este escenario, los legisladores enfatizaron que el Estado necesita reaccionar ante estas amenazas transnacionales que ya no operan mediante formas tradicionales, sino a través de estructuras irregulares, móviles y clandestinas.
Finalmente, tras superar con éxito este trámite legislativo, la propuesta legal avanza en su itinerario constitucional con el objetivo de ser promulgada a la brevedad. El endurecimiento de las reglas de control preventivo responde a una sentida demanda emanada desde las comunidades de la Macrozona Norte, las cuales exigen un freno definitivo al ingreso clandestino y el restablecimiento del estado de derecho en los territorios fronterizos.
