El ente fiscalizador reveló graves falencias de seguridad en el terminal Diego Aracena, tras detectar que un millonario cargamento de 12,5 kilos de sustancias ilícitas quedó desprotegido y sin resguardo policial por horas. Aduanas tampoco registró el hallazgo, quebrando la trazabilidad del operativo.
Un preocupante escenario de vulnerabilidad en la principal vía de conexión aérea de la Región de Tarapacá quedó al descubierto. La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) debió salir a responder de forma urgente e iniciar severas acciones administrativas e institucionales, luego de que la Contraloría General de la República (CGR) alertara de graves falencias de seguridad en el Aeropuerto Internacional Diego Aracena de Iquique, específicamente en los protocolos de custodia de cargamentos de narcotráfico incautados.
El pronunciamiento del organismo fiscalizador encendió las alarmas sobre la efectividad de los filtros de control en la puerta norte del país. De acuerdo con los antecedentes técnicos recabados en la auditoría, el ente fiscalizador revisó en detalle un operativo ocurrido el pasado 11 de octubre de 2025, fecha en la que se materializó un importante procedimiento antinarcóticos tras el hallazgo de 12,5 kilos de droga distribuidos minuciosamente en cinco maletas de un vuelo comercial de la empresa LATAM.
Custodia rota: Droga sin resguardo y falta de registro
La gravedad de la denuncia de la Contraloría Regional de Tarapacá radica en lo que ocurrió inmediatamente después de detectarse las sustancias prohibidas en las bodegas de la aeronave. Según detalla el informe de fiscalización, el equipaje cargado con el millonario cargamento de estupefacientes permaneció por horas en la zona de revisión sin ningún tipo de resguardo policial, quedando expuesto a eventuales manipulaciones, robos o pérdidas de evidencia en un área crítica del recinto aéreo.
El descalabro en los protocolos de control sumó un segundo flanco de alta complejidad institucional. La Contraloría detectó que el Servicio Nacional de Aduanas no registró de forma oportuna el hallazgo en sus plataformas y bitácoras oficiales, una omisión administrativa severa que, según los expertos, habría afectado de manera directa la cadena de custodia y la trazabilidad del procedimiento legal, dificultando las posteriores pericias del Ministerio Público.
Las exigencias de Contraloría y el plan de shock de la DGAC
Ante este manto de dudas sobre la seguridad perimetral e interna del Diego Aracena, la Contraloría General de la República no dudó en golpear la mesa e instruir mandatos imperativos de carácter inmediato. En lo medular, instó a la DGAC a coordinarse de forma obligatoria con las distintas aerolíneas comerciales para asegurar la comparecencia e identificación inmediata de pasajeros vinculados a equipajes sospechosos, evitando fugas del terminal. Asimismo, ordenó de forma perentoria implementar credenciales de acceso individuales y estrictas al sistema central de vigilancia y cámaras de seguridad del aeropuerto.
Del mismo modo, el organismo aeronáutico deberá remitir un informe detallado que visibilice los canales de comunicación rápidos con las policías (PDI y Carabineros) y el Servicio Nacional de Aduanas, además de actualizar de forma rigurosa los protocolos internos establecidos para enfrentar actos de interferencia ilícita o contingencias de crimen organizado en la losa de Tarapacá.
Respuestas de la autoridad aeronáutica
Recogiendo el guante ante el complejo panorama, la DGAC emitió un pronunciamiento público asegurando que las deficiencias están siendo abordadas de forma prioritaria por sus equipos técnicos. El organismo aeronáutico precisó que, desde el primer momento que se tomó conocimiento de las observaciones, se inició un exhaustivo trabajo de revisión para mejorar de forma definitiva los procedimientos de detección, manejo de evidencias y canalización de denuncias ante el Ministerio Público.
Adicionalmente, enfatizaron que estas mejoras operacionales se están diseñando de manera transversal con el resto de las reparticiones públicas que tienen competencia en las fronteras de la región. «Todas las acciones comprometidas se encuentran actualmente en plena ejecución para ser presentadas y validadas ante el ente fiscalizador en el plazo legal establecido para ello», concluyó la institución, en un intento por devolver la tranquilidad y los estándares de seguridad internacional al principal aeropuerto de la Macrozona Norte.
