Una indagatoria de la Fiscalía de Alto Hospicio y la PDI permitió capturar a dos líderes de nacionalidad colombiana. Las víctimas eran captadas bajo engaño en su país de origen, ingresadas por pasos no habilitados en Arica y retenidas bajo un implacable control económico y deudas impagables.
En un contundente operativo que devela los hilos del tráfico transnacional de personas en el norte grande, una impecable investigación dirigida por la Fiscalía Local de Alto Hospicio, en conjunto con la Brigada Investigadora de Trata de Personas de la PDI, logró la desarticulación de una red de trata de personas con fines de explotación sexual que operaba activamente en la Región de Tarapacá.
El masivo operativo policial culminó con la detención de dos imputadas que lideraban la organización, quienes mantenían bajo un estricto régimen de cautiverio y control económico a mujeres de nacionalidad extranjera, las cuales eran captadas en Colombia, ingresadas de manera irregular a Chile y forzadas a ejercer el comercio sexual para subsanar deudas impuestas de manera unilateral.
De una denuncia por secuestro al hallazgo de un prostíbulo clandestino
El punto de partida de este caso se originó gracias a la colaboración ciudadana. Tras la recepción de una denuncia anónima a través del programa “Denuncia Seguro” por un presunto delito de secuestro, se activaron las alarmas de las autoridades locales. Esto motivó el despliegue inmediato de diversas diligencias de alta complejidad desarrolladas por el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) Tarapacá junto a los detectives de la Policía de Investigaciones.
Las labores de inteligencia civil permitieron establecer con precisión que el inmueble denunciado no correspondía a un cautiverio tradicional, sino que funcionaba como un prostíbulo clandestino. Con estos sólidos antecedentes sobre la mesa, la fiscal Camila Albarracín gestionó con éxito una orden judicial de entrada y registro al domicilio, diligencia que se materializó el pasado 5 de junio. En dicho operativo, las fuerzas policiales encontraron a las víctimas y lograron la incautación de diversa evidencia, entre ella, siete teléfonos celulares utilizados para coordinar los servicios sexuales y una máquina de pago electrónico.
Conexión con causas de 2025 y capturas de las líderes
Posteriormente, el exhaustivo trabajo de análisis criminalístico sobre la evidencia incautada, sumado a las cruciales declaraciones de las afectadas, permitió a los investigadores vincular esta indagatoria con una causa penal iniciada en el año 2025. Esta conexión ayudó a determinar las jerarquías de la banda: se estableció que una de las mujeres presentes en el inmueble allanado actuaba como colaboradora directa de la líder de la organización, siendo detenida de inmediato en el lugar.
La PDI no detuvo su marcha y continuó con el rastreo de la cabecilla. Las diligencias terrestres permitieron detener a la segunda imputada, correspondiente a la líder de esta organización, en un segundo allanamiento efectuado el pasado 11 de junio en un domicilio de la comuna de Alto Hospicio, descabezando la estructura criminal.
El crudo «modus operandi»: Engaño, ingreso por Arica y esclavitud financiera
Durante las respectivas audiencias de formalización de cargos, la fiscal del caso expuso detalladamente la cruda dinámica delictual. Al menos durante los meses de mayo y junio de 2026, las imputadas colombianas, identificadas con las iniciales K.T.G.B. y M.F.S.J., junto a otros sujetos cuya identidad aún se mantiene bajo estricta reserva investigativa, captaron en Colombia a las víctimas aprovechándose de su extrema vulnerabilidad económica. Bajo la promesa de un próspero trabajo en Chile, las extranjeras viajaron ocultándoles las verdaderas condiciones del viaje y la vejatoria actividad que realizarían.
La indagatoria acreditó que las imputadas coordinaron minuciosamente el traslado de las mujeres desde Colombia hasta Perú para, posteriormente, efectuar su ingreso clandestino a Chile por pasos no habilitados en la comuna de Arica, trayecto en el cual las víctimas permanecieron bajo permanente vigilancia.
Una vez en el país, las afectadas eran trasladadas hasta un inmueble ubicado en calle Serrano de Iquique, administrado por la imputada K.T.G.B. Allí comenzaba el calvario: las víctimas eran obligadas a asumir una millonaria deuda por conceptos de traslado, alimentación, alojamiento y otros gastos fijados de forma arbitraria por las captoras. Esta deuda aumentaba constantemente y debía ser saldada obligatoriamente mediante la realización de servicios sexuales, manteniéndolas atadas a un permanente sistema de control económico y dependencia absoluta que restringía por completo su libertad para abandonar el lugar.
Considerando la gravedad de los delitos expuestos, y por solicitud expresa del Ministerio Público, el tribunal decretó que ambas imputadas quedaran bajo la medida cautelar de prisión preventiva por constituir su libertad un peligro inminente para la seguridad de la sociedad. Finalmente, la justicia fijó un plazo de 100 días para el desarrollo de la investigación, periodo en el cual la Fiscalía y el equipo ECOH continuarán con las pericias para identificar y detener al resto de los integrantes de esta red criminal de carácter internacional.
