Este viernes, el Juzgado de Garantía de Temuco decretó prisión preventiva para el desaforado diputado Mauricio Ojeda, imputado por el denominado Caso Convenios.
El tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y consideró como atenuantes las acciones realizadas por Ojeda mientras era investigado por el caso, como reunirse con otros imputados y no colaborar concretamente con la investigación.
«Es posible desprender que el imputado, en conocimiento de la presente investigación, concurrió hasta el domicilio de uno de los coimputados para verificar la forma en cómo no ser condenado por fraude al fisco, otorgando incluso directrices, y que proporcionó un celular que más allá de la forma en que se destruyó, o fue destruido, lo cierto es que la fiscalía estableció que además fue reestablecida su configuración inicial en más de una oportunidad (…) existe sospecha grave y fundada de que el imputado puede obstaculizar la investigación, mediante la destrucción, modificación u ocultación de elementos de prueba, o puede inducir a imputados o testigos para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente», manifestó la jueza Leticia Rivera.
“El tribunal no puede menos que observar que el imputado estando en libertad visitó y además tomó contacto con los imputados y testigos de la presente investigación con los objetivos ya referidos (…) es posible concluir que no existe otra medida cautelar distinta a la prisión preventiva que permita asegurar los fines del procedimiento y la seguridad de la sociedad”, añadió Rivera.
Cabe recordar que, en esta causa se indaga el destino que tuvieron los 730 millones de pesos traspasados desde el Gobierno Regional a las fundaciones Folab y Educc para realizar diversos cursos para mujeres vulnerables de Temuco y Padre Las Casas, los que finalmente no se ejecutaron.
La defensa del exdiputado solicitó que, al tratarse de un delito económico de alta connotación pública y por parte de un parlamentario, este sea ingresado al anexo Capitán Yáber; materia que deberá ser definido por Gendarmería.
Se otorgaron 30 días de investigación.
