Una profunda ola de indignación y consternación se tomó el debate político esta semana tras el cruel homicidio de un niño de apenas 12 años de edad en la comuna de San Bernardo, región Metropolitana. El menor de edad perdió la vida trágicamente luego de ser arrastrado por un vehículo en medio de un violento robo con intimidación del tipo encerrona.
Este trágico episodio reinstaló con fuerza la discusión pública en torno a la agenda preventiva del Ejecutivo, materia que se alzó como el principal estandarte durante el periodo de campaña electoral del mandatario y que, a poco más de cien días de haber asumido la gestión en La Moneda, sigue bajo el estricto escrutinio de diversos sectores políticos que acusan una falta de avances concretos en las calles.
EL DILEMA LEGISLATIVO POR EL USO DE LA FUERZA
La respuesta de las autoridades ministeriales no tardó en llegar frente a la fuerte presión social y parlamentaria. El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, aclaró formalmente que como Gobierno existe una “dificultad para enfrentar la crisis de seguridad, al no tener aprobado el proyecto de ley del Uso de la Fuerza”.
A pesar de las complejidades del escenario delictivo, desde la cartera defendieron la gestión interna que se está articulando. El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, complementó su postura destacando la tarea realizada por el ministro Martín Arrau en la materia, afirmando que “aún hay tareas pendientes a falta de la aprobación de la mencionada ley”.
PRESIONAN POR NUEVAS MEDIDAS EN EL CONGRESO
Las críticas transversales apuntan a la necesidad de renovar los planes de intervención en los barrios más críticos del país. El miembro de la Comisión de Seguridad Pública, senador socialista Juan Luis Castro, manifestó de forma tajante que la administración actual debe implementar soluciones nuevas y “dejar atrás lo mismo de siempre”, enfatizando que la ciudadanía —más allá de su tendencia política— respaldó al mandatario motivada por su promesa de campaña de transformar de raíz la Seguridad Pública.
Desde la Cámara de Diputadas y Diputados el diagnóstico es igualmente severo respecto al alcance de las propuestas gubernamentales en curso. La integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, diputada nacional libertaria Gloria Naveillán, manifestó públicamente que el proyecto del “Registro Nacional de Vándalos no es suficiente para confrontar la crisis”, cuestionando además con severidad a quienes solicitan el despliegue de fuerzas militares en las calles sin contar previamente con el marco legal aprobado de las Reglas de Uso de la Fuerza.
En la contraparte, los sectores oficialistas defendieron la planificación a largo plazo que busca dotar de mayor eficacia al Estado. La diputada republicana Chiara Barchiesi afirmó que “no hay una única medida que permita enfrentar la violencia y que el Gobierno trabaja con una estrategia integral para entregar más y mejores herramientas al Estado para prevenir los delitos”.
