Una investigación de Clapes UC advierte que Chile registra una tasa de cesáreas del 46%, muy por sobre el rango recomendado por la OMS. De regularse estas intervenciones, el sistema de salud podría ahorrar cerca de U$S 20 millones anuales, una cifra equivalente al financiamiento necesario para contratar a 250 nuevos médicos especialistas.
El sistema de salud público en Chile enfrenta un escenario crítico condicionado estructuralmente por la acumulación histórica en las listas de espera, el severo déficit de médicos especialistas y las constantes restricciones presupuestarias. En medio de esta compleja encrucijada, un revelador informe elaborado por el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica (Clapes UC) ha puesto sobre la mesa una propuesta técnico-sanitaria de alto impacto: reducir el número de cesáreas no urgentes para liberar capacidad instalada y optimizar la gestión de camas en la red asistencial del país.
La investigación, liderada por los destacados investigadores Jaime Mañalich (exministro de Salud), Bastián Mundt y Julio Peña, advierte con preocupación que el volumen de nacimientos por vía quirúrgica en los recintos hospitalarios públicos chilenos se mantiene inalterable en torno a un 46%. Dicha cifra representa una preocupante anomalía estadística a nivel internacional, situándose muy por encima del rango técnico de entre 10% y 15% recomendado de forma taxativa por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El impacto financiero: U$S 74 millones estancados en el pabellón
El documento desglosa el costo financiero que este fenómeno sociomédico representa para las arcas fiscales, revelando que el gasto en la red pública por concepto de cesáreas alcanza la impactante suma de U$S 74 millones, lo que equivale al 56% del desembolso total en partos de todo el sistema público de salud.
De acuerdo con las proyecciones de los autores, si la proporción de cesáreas se ajustara gradualmente hacia los parámetros internacionales sugeridos por la OMS, el sistema podría liberar de forma automática cerca de 80 camas hospitalarias al día, lo que generaría un ahorro macroeconómico cercano a los U$S 20 millones anuales.
El economista Bastián Mundt detalló la viabilidad y conveniencia de reorientar estas capacidades hospitalarias ociosas en el postoperatorio:
«Suponiendo una estadía hospitalaria promedio de tres días para el período posoperatorio, con estas 80 camas adicionales por día se podrían realizar cerca de 10 mil cirugías extras al año. Y esto se lograría sin construir nuevos pabellones, ni invertir montos importantes en reacondicionar infraestructura hospitalaria ya existente», enfatizó Mundt, señalando que este capital liberado permitiría la contratación inmediata de 250 nuevos especialistas médicos o la edificación de tres nuevos Centros de Salud Familiar (Cesfam).
Riesgos clínicos y los factores detrás del «boom» de la cirugía
Más allá de la evidente arista económica y de gestión logística, la comunidad médica echa luces sobre los severos riesgos sanitarios que conlleva el abuso de la cesárea electiva. La evidencia médica recopilada por Clapes UC sostiene que esta intervención puede duplicar el peligro de muerte neonatal en comparación al parto normal, sumando un día adicional de hospitalización promedio y elevando sustancialmente las probabilidades de que el recién nacido deba ingresar a cuidados especiales o cuadruplicar el riesgo respiratorio en el neonato.
Asimismo, Nicole Yaksic, matrona y académica de Obstetricia de la Universidad del Desarrollo (UDD), apuntó a las consecuencias en el apego primario: “La cesárea puede dificultar el establecimiento temprano del vínculo madre-hijo y el inicio oportuno de la lactancia materna”, dado que las pacientes deben pasar varias horas en salas de recuperación posoperatoria, postergando el contacto precoz «piel con piel».
Respecto a las causas que explican este arraigado patrón de intervencionismo en Chile, Constanza Olivares, docente de la Escuela de Obstetricia y Puericultura de la Universidad de Santiago (USACH), puntualizó que se trata de un «fenómeno multifactorial». Por una parte, existe una tendencia clínica real ligada a que las mujeres en nuestro país han aumentado sus niveles de riesgo durante las gestaciones, ya sea por edad avanzada (sobre los 35 o 40 años) o por patologías concomitantes crónicas como la hipertensión arterial y la diabetes gestacional. Sin embargo, también coexiste un fuerte componente cultural de aceptación a la cesárea, empujado muchas veces por la dificultad o el temor generalizado a vivir el dolor del trabajo de parto.
El camino a la regulación: Auditorías y guías clínicas
Para frenar esta tendencia y devolver la prioridad médica al parto vaginal —el cual ostenta mayores ventajas sanitarias tanto para la madre como para el hijo—, el estudio plantea la urgencia de implementar políticas públicas correctivas y una estricta fiscalización.
Entre las medidas prioritarias propuestas por los investigadores de Clapes UC figura la implementación obligatoria de guías clínicas estandarizadas, la exigencia de una segunda opinión médica antes de programar una intervención electiva, y la ejecución de sistemas de auditoría interna que permitan monitorear rigurosamente las decisiones tomadas en los pabellones obstétricos.
“Se trata no solo de eficiencia económica, sino de ofrecer medicina de estándares mundiales. Ello llama a educar a la población a preguntar los motivos de evitar un parto normal y a evaluar si los incentivos de cobertura y financiamiento de Fonasa están adecuadamente alineados con el objetivo sanitario”, concluyó de forma tajante el exministro Jaime Mañalich.
