
El tribunal de alzada rechazó el recurso de protección presentado por el trabajador —un sociólogo que llevaba menos de un año en la institución—, determinando que el cese anticipado de su contrata no constituye una sanción disciplinaria y se ajusta plenamente a las facultades legales para resguardar la confianza pública en los complejos fronterizos.
Un nuevo revés judicial sacude al Servicio Nacional de Aduanas en la región. La Corte de Apelaciones de Iquique rechazó el recurso de protección interpuesto por un funcionario contra la resolución que puso término anticipado a su designación a contrata, luego de que se encontrara una sustancia que dio positivo para marihuana en un monedero de su propiedad al interior de la Avanzada Aduanera de Quillagua.
El caso, que mezcla controles fronterizos, sustancias ilícitas y disputas laborales, se originó a mediados de septiembre de 2026 en pleno desierto tarapaqueño, abriendo un debate sobre los márgenes de confianza que exige el Estado a quienes fiscalizan las fronteras del país.
El hallazgo en Quillagua y la denuncia al OS7
El afectado, un sociólogo que había ingresado al Servicio Nacional de Aduanas en diciembre de 2025 y cuya contrata había sido prorrogada hasta el 1 de noviembre de 2026, quedó en el ojo del huracán el 11 de septiembre de 2026. Tras finalizar su turno en la Avanzada Aduanera de Quillagua, el funcionario extravió su monedero en dependencias de acceso restringido.
Minutos más tarde, otro trabajador encontró el objeto. Al revisar su interior para identificar a su dueño, descubrió 1,2 gramos de una sustancia que arrojó resultado positivo para marihuana en una prueba preliminar. Los antecedentes llegaron de inmediato a la fiscalía local, la que ordenó la intervención del OS7 de Carabineros. Tres días después, el funcionario fue apartado de sus funciones, se le retiraron las credenciales institucionales y se le notificó su desvinculación.
En su presentación ante la justicia, el exfuncionario argumentó que la decisión carecía de fundamentos suficientes y vulneraba sus garantías constitucionales, cuestionando además que no estuvo presente cuando se abrió el monedero y alegando que se le aplicó una «sanción encubierta» sin mediar condena penal ni un sumario administrativo terminado. Por ello, exigía su reincorporación y el pago de remuneraciones hasta el final de su contrato.
La defensa de Aduanas y el peso de la función fiscalizadora
Al contestar el recurso, el Servicio Nacional de Aduanas defendió con firmeza la legalidad de la medida. Desde la institución argumentaron que la autoridad cuenta con facultades plenamente vigentes para poner término anticipado a una contrata cuando los servicios ya no se estiman necesarios, condición bajo la cual operaba el vínculo laboral.
El argumento central apuntó al contexto de los hechos: trabajar en un recinto de control fronterizo resulta totalmente incompatible con el hallazgo de sustancias ilícitas entre las pertenencias de un fiscalizador, un escenario que mina de manera directa el interés público, la confianza en la función estatal y la imagen institucional, independientemente de cómo avance la causa penal en el Ministerio Público. Asimismo, Aduanas descartó la aplicación de la «confianza legítima» debido a que el trabajador llevaba menos de un año en la repartición pública.
El razonamiento de la Corte de Iquique
Al resolver la controversia, los ministros del tribunal de alzada despejaron primero los cuestionamientos formales, recordando que la fiscalización de la Contraloría no impide ejercer una acción constitucional de protección.
Ya entrando en el fondo del asunto, la Corte validó el actuar de la administración y descartó que la medida constituyera un castigo arbitrario. En su sentencia, el tribunal subrayó que el término anticipado de una contrata no es una sanción disciplinaria y, por lo tanto, no requiere de un sumario previo ni de una resolución de culpabilidad, sino que responde al ejercicio legítimo de una atribución legal cuando se quiebra la confianza indispensable para laborar en control fronterizo.
Bajo estos argumentos, los magistrados concluyeron que el Servicio Nacional de Aduanas actuó dentro de sus marcos jurídicos al invocar la pérdida de confianza y la necesidad de resguardar la probidad institucional, rechazando de plano el recurso y cerrándole la puerta a la reincorporación solicitada por el exfuncionario.




