Un profundo remezón institucional sacude al sistema judicial en la zona norte, tras revelarse que la Fiscalía Regional mantiene una investigación desformalizada en contra del juez titular del Segundo Juzgado de Letras de Arica, Gonzalo Quiroz Espinoza. Pese a que la PDI remitió un detallado informe hace más de dos años, el magistrado es indagado penalmente por su presunta vinculación con una red de corrupción detectada en la Seremi de Bienes Nacionales, causa donde se pesquisan gestiones irregulares cometidas durante 2023 para favorecer a particulares en la inscripción de tierras.
Según publicó El Mostrador publicó este reportaje detallando que la compleja arista quedó al descubierto luego de que la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI interceptara el teléfono del consultor y cartógrafo Carlos Falcón Arredondo —exjefe de Catastro de la Seremi y uno de los 16 acusados que va a juicio oral por asociación delictiva, soborno y tráfico de influencias—. Las escuchas telefónicas grabaron al juez Quiroz coordinando acciones con Falcón y con el abogado Luis Bardi Farfán para direccionar hacia su propio tribunal una causa civil y dictar un fallo favorable que validara los deslindes de un predio de la Cooperativa Agrícola Valles Hermosos en el valle de Lluta, a sabiendas de que la superficie real era menor a las cinco hectáreas declaradas.
EL INFORME OCULTO Y LA PREVARICACIÓN
Según el informe policial N° 20240103526, revelado en exclusiva por Aquí Arica de dicho medio, el abogado Bardi había fracasado dos veces en regularizar el terreno. Sin embargo, tras seguir la ruta trazada por el magistrado —que incluyó contratar la asesoría técnica de Falcón por un pago de $6 millones—, el juez Gonzalo Quiroz dictó sentencia favorable el 17 de enero de 2024. El dictamen utilizó mediciones del topógrafo Christopher Malebrán Hidalgo, exfuncionario de Bienes Nacionales y también acusado por corrupción. Por esta razón, la policía civil sugirió formalmente a la Fiscalía imputar al juez por el delito de prevaricación, que sanciona a los magistrados que dictan fallos contrarios a la ley a sabiendas.
El objetivo de obtener esta polémica resolución judicial era avanzar de forma inmediata hacia una segunda etapa, consistente en la subdivisión del predio en 10 lotes comerciales. El reporte de la PDI destapó que el plan del grupo apuntaba a que, si el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) rechazaba la parcelación, llevarían nuevamente la controversia de manera dirigida ante el tribunal de Quiroz, aprovechando que el magistrado era conocido en el ambiente legal por fallar sistemáticamente en contra de las entidades fiscales que reclaman deslindes.
FISCALES INHABILITADOS POR «AMISTAD» Y TENSIONES CON EL CDE
La pieza más sensible del caso radica en la inmovilidad de las pesquisas, provocada por la incómoda relación entre los persecutores y el investigado. Fuentes confidenciales revelaron que la fiscal original de la causa, Paulina Brito Doerr, se habría abstenido de continuar tras haber sido compañera de universidad y mantener una estrecha amistad con el juez. Posteriormente, el fiscal regional Mario Carrera derivó la causa a la Unidad de Análisis Criminal, donde el fiscal adjunto Francisco Ganga Dinamarca también se inhabilitó aludiendo «razones de amistad» con Quiroz, quedando la reservada indagatoria en manos del fiscal jefe Rodrigo González Vega, asignado recién hace una semana.
Esta dilación generó una fuerte molestia en la Procuraduría Fiscal del Consejo de Defensa del Estado (CDE) de Arica y Parinacota, entidad que detectó la «Arista Quiroz» en mayo de este año al revisar el abultado expediente, luego de que la Fiscalía cerrara la causa principal de Bienes Nacionales sin realizar diligencias clave de su querella. Al ser consultados, desde el CDE confirmaron que de manera oficial iniciaron coordinaciones con el Ministerio Público y se encuentran analizando los antecedentes para determinar las acciones legales a seguir, mientras que la Corte de Apelaciones de Arica descartó haber recibido reportes oficiales que involucren a magistrados de su jurisdicción.
