El informe final de la Contralora General, Dorothy Pérez, advierte que la adquisición de suelos en las regiones de la macrozona norte excedió los requerimientos reales, mientras que en la zona central hay déficit. Pese a la millonaria inversión, la autoridad detectó que los proyectos de viviendas sociales en siete regiones, incluidas Arica y Tarapacá, no presentan avances.
Una dura radiografía a la gestión del Plan de Emergencia Habitacional (PEH) fue la que presentó la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, ante la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputadas y Diputados. El informe N° 421 desnudó una serie de ineficiencias administrativas en la compra de terrenos que afectan directamente la planificación urbana de las regiones de Tarapacá y Arica y Parinacota.
Según el ente fiscalizador, aunque el plan buscaba focalizar el banco de suelo público en las zonas de mayor urgencia, la ejecución mostró una distorsión territorial evidente. La contralora fue tajante al señalar que en las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá «no se requería adquirir terrenos», ya que la superficie de suelo obtenida a nivel nacional superó en un 61,33% la meta de compra establecida, pero se concentró en zonas donde no era prioritario.
Tierras compradas, pero sin viviendas
Uno de los puntos más críticos para el norte del país es la parálisis de las obras. El informe de Contraloría reveló que, pese a haberse concretado la compra de los predios, en siete de las ocho regiones bajo estudio (incluyendo a Tarapacá y Arica) no existen avances en los proyectos de viviendas sociales.
Esta situación deja a miles de familias del tramo del 40% más vulnerable en un estado de incertidumbre, ya que los terrenos adquiridos —en algunos casos mediante trato directo y con falta de tasaciones suficientes— permanecen sin uso habitacional. “Hubo ineficiencias en la administración de fondos públicos”, sentenció Pérez, confirmando la apertura de un sumario administrativo en la Subsecretaría de Vivienda iniciado el pasado 15 de abril.
Desorden administrativo: El uso de Excel y la falta de reglamentos
La auditoría, que abarcó el periodo 2022-2024, detectó que el Ministerio de Vivienda operó bajo una preocupante fragilidad de control interno. En lugar de utilizar la plataforma obligatoria SIBIS, el registro de la información sobre los suelos se manejaba de forma manual a través de archivos Excel, lo que impidió una trazabilidad profesional y segura de las compras.
Además, la contralora recordó que el Plan de Emergencia Habitacional comenzó a operar sin que se dictaran a tiempo los reglamentos necesarios, lo que generó un escenario de improvisación. En términos de costos, se detectó que al no existir un rango de precios obligatorio, en varias operaciones se superó el valor de referencia estimado de 6 UF por metro cuadrado, sin una justificación técnica sólida.
Reacciones: ¿Abuso o flexibilidad necesaria?
El informe generó un terremoto político en la comisión. Diputados oficialistas y de oposición centraron sus críticas en la falta de transparencia. Mientras algunos legisladores hablaron de un “abuso” y una posible infracción a los principios de probidad y eficiencia por parte de la gestión anterior, otros llamaron a la calma, destacando que el informe descartó la existencia de delitos, por lo que los antecedentes no fueron derivados al Ministerio Público.
Sin embargo, para los habitantes de la macrozona norte, la preocupación es técnica y social: se compró suelo donde ya había o donde la meta estaba cubierta, mientras que regiones como la Metropolitana o el Biobío no alcanzaron la superficie necesaria.
Sumario en curso
La Contraloría verificará ahora las responsabilidades administrativas y civiles a través de la investigación interna. Aunque no se presentaron reparos a la recuperación de dineros de forma inmediata, el sumario determinará si la falta de segregación de funciones (donde las mismas personas tasaban y compraban) y la ausencia de límites legales en los precios constituyen infracciones sancionables.
Por ahora, en las calles de Iquique, Alto Hospicio y Arica, los terrenos adquiridos por el fisco siguen esperando la primera piedra de un plan que, según el organismo fiscalizador, careció de la eficacia necesaria para enfrentar la crisis habitacional en el norte.
“A juicio de la Contraloría, no se requería adquirir terrenos en regiones como Arica y Parinacota o Tarapacá; lo que se detectó fue una ineficiencia en la focalización, donde el suelo comprado no se traduce en proyectos con avances reales”, detalló Dorothy Pérez ante la instancia parlamentaria.
