A través de un informe, el organismo fiscalizador detectó erogaciones irregulares que superan los $230 millones en el programa «Integración Urbana de Campamentos», el cual cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo.
La Contraloría General de la República le dio un duro golpe a la gestión financiera del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Una auditoría directa al Programa de Integración Urbana de Campamentos dejó al descubierto desembolsos a personas fallecidas, contratos cruzados entre familiares y pagos a beneficiarios que ya tenían casa propia.
El análisis abarcó las operaciones realizadas entre el 1 de enero de 2025 y el 29 de marzo de 2026. Según expone el Informe N°314 de 2026, las fallas de control interno abarcan tanto a la Subsecretaría de Vivienda como a los Serviu regionales a cargo de ejecutar los recursos.
Fallecidos cobrando y tardanzas de más de tres años
El punto más crítico del informe salpica la fiscalización de los padrones. La Contraloría identificó que 168 beneficiarios del subsidio se encontraban fallecidos, una situación que el organismo atribuye a la falta de cruce de datos y a la lentitud del sistema.
La Subsecretaría de Vivienda demoró hasta 1.133 días en regularizar los contratos asociados a estos casos. Esta dilación provocó un perjuicio fiscal estimado en $110.884.553, suma comprometida en un programa que opera con financiamiento parcial de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 120 millones de dólares.
Arriendos entre parientes y beneficiarios con vivienda propia
Los hallazgos de la auditoría van más allá de los cobros post mórtem. El equipo fiscalizador detectó que el beneficio terminó financiando contratos entre familiares directos, contraviniendo las bases normativas.
Las irregularidades detectadas por el órgano de control contemplan los siguientes montos y faltas:
- Arriendos a familiares cercanos: Un total de 172 beneficiarios arrendaban propiedades a parientes, violando los límites de consanguinidad y afinidad. Los montos asociados alcanzan los $110.487.033.
- Contratos entre cónyuges: Se constataron 19 casos de beneficiarios que mantenían contratos con sus propios cónyuges, desembolsando la suma de $14.405.016.
- Beneficiarios con casa asignada: Dos personas continuaron recibiendo el subsidio de arriendo pese a que ya se les había entregado una vivienda definitiva durante el año 2024, sumando $3.539.119 en cobros indebidos.
Exigen restitución de fondos y sumario administrativo
Frente a la gravedad de los antecedentes, la Contraloría ordenó acciones inmediatas al Minvu. La Subsecretaría de Vivienda deberá regularizar ante el BID la totalidad de los gastos asociados a personas que no cumplían las condiciones, buscando restituciones o ajustes en los fondos internacionales.
Al mismo tiempo, la entidad estatal quedó obligada a apurar el procedimiento disciplinario interno. El sumario busca establecer las responsabilidades administrativas de los funcionarios que permitieron la asignación y pago de estos subsidios sin los filtros mínimos de control.
