Un informe del organismo fiscalizador sacó a la luz graves fallas de control interno entre enero de 2024 y mayo de 2025. Destaca el pago de más de $247 millones a una autoridad removida, contrataciones directas «a dedo», comisiones de servicio al margen de la ley y falta de respaldo en el uso de recursos SEP.
El Servicio Local de Educación Pública de Valparaíso (SLEPV) enfrenta un escenario judicial y administrativo extremadamente complejo. La Contraloría Regional de Valparaíso notificó formalmente los resultados de la auditoría N°827, documento que reveló serias irregularidades en la gestión de personal, procesos de selección y uso de fondos públicos entre enero de 2024 y mayo de 2025.
El hallazgo más llamativo apunta a la lentitud en resolver la remoción de un exdirector ejecutivo del servicio. Esa demora burocrática permitió que el profesional continuara recibiendo su sueldo hasta el 16 de marzo de 2026. A pesar de estar suspendido de sus funciones, la exautoridad cobró un total de $247.557.391 líquidos, hecho que llevó a la Contraloría a ordenar un procedimiento disciplinario inmediato y exigir medidas urgentes para no repetir pagos indebidos de esta magnitud.
Contrataciones «a dedo» y doble sueldo con licencia médica
Las alertas de la auditoría no terminaron ahí. El organismo fiscalizador constató que seis contrataciones directas para la administración central se justificaron con argumentos genéricos, como la «continuidad del servicio» o la «idoneidad» de los seleccionados, omitiendo los concursos públicos obligatorios sin justificación real. Un panorama idéntico ocurrió con dos contrataciones de programas especiales, donde tampoco existieron procesos de reclutamiento transparentes o basados en perfiles definidos.
El informe expuso además un caso insólito de doble función: un trabajador prestó servicios simultáneamente en el SLEPV y en la Municipalidad de La Calera, registrando atenciones coincidentes incluso mientras figuraba con licencia médica. Esta situación desnudo una falta casi total de control en las marcaciones de jornada, abundando las justificaciones manuales incompletas y las inasistencias sin respaldo formal.
Desvío de profesores al nivel central y dudas en horas extras
La fiscalización también puso la lupa sobre el uso del personal contratado para los colegios. La Contraloría detectó que profesionales destinados originalmente a aulas y escuelas terminaron trabajando en las oficinas centrales del SLEPV desde su primer día laboral. El informe aclaró categóricamente que la legislación actual no permite la figura de comisión de servicio para docentes, mientras que para los asistentes de la educación exige justificaciones que en este caso no existían. En otros programas, hubo funcionarios que permanecieron en esa condición por más de un año, superando todos los límites legales.
Por último, el documento objetó la rendición de fondos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) al no acreditarse debidamente el destino de los recursos. A esto se sumaron regularizaciones tardías de horas extraordinarias, diferencias entre las horas autorizadas y las pagadas, e informes a honorarios con descripciones genéricas y repetidas que no demuestran la ejecución real del trabajo.
