Unanimidad parlamentaria y consenso político sellaron el despacho de la iniciativa que dotará a la PDI de facultades para ingresar a domicilios a detener expulsados, elevará a cinco años el veto para regresar a Chile y permitirá ejecutar salidas del país sin esperar que terminen los juicios penales.
La Comisión Mixta aprobó este lunes un paquete de modificaciones estructurales que buscan destrabar los procesos de expulsión administrativa en el país. El cambio de fondo responde a un cuello de botella histórico que impedía concretar las notificaciones y detenciones cuando los involucrados se refugiaban en inmuebles privados.
La Policía de Investigaciones quedará facultada para ingresar a domicilios con orden de un juez de garantía cuando exista una expulsión firme.
El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, valoró el acuerdo y fue directo al punto: hoy la PDI sencillamente no tiene esa herramienta operativa. Con este ajuste, los detectives podrán entrar a la propiedad, detener a la persona e iniciar de inmediato el trámite de salida del territorio nacional.
Suben el castigo: prohibición de volver a Chile pasa de tres a cinco años
La propuesta legislativa no solo apura los tiempos de detención, sino que endurece de forma sustancial los costos de reingresar de manera ilegal al país tras ser expulsado.
El periodo mínimo de prohibición de ingreso a suelo chileno se eleva de tres a cinco años para los extranjeros sancionados.
Pavez remarcó que el objetivo de la norma es enviar una señal clara de control fronterizo y desincentivar el retorno inmediato de quienes ya fueron notificados y expulsados por la autoridad administrativa.
Salida del país en medio de procesos penales: se acaba la espera del fin del juicio
Otro de los nudos críticos abordados en la sesión tiene que ver con la permanencia de extranjeros imputados por delitos. La normativa aprobada flexibiliza los requerimientos procesales para agilizar las salidas del país sin tener que aguardar el fallo definitivo.
El proyecto permitirá expulsar a extranjeros en situación irregular vinculados a causas penales sin necesidad de esperar el término del juicio.
Esta medida busca acelerar la descongestión del sistema judicial y penal, permitiendo que el Estado ejecute la salida del territorio en casos específicos definidos por la ley sin mantener a los involucrados en procesos largos y costosos.
Aprobación unánime tras intenso consenso en el Congreso
La presidenta de la Comisión Mixta, la senadora tarapaqueña Danisa Astudillo, destacó la disposición de los parlamentarios de todos los sectores políticos para zanjar las diferencias y despachar el texto.
«Hubo voluntad del Ejecutivo y de colegas de distintos colores políticos para llegar a un consenso», aseguró la senadora Astudillo.
La parlamentaria confirmó que los artículos pendientes se aprobaron por unanimidad, lo que deja la iniciativa lista para pasar a sus últimas votaciones en las salas de la Cámara y el Senado antes de convertirse en ley de la República.
