Un duro revés sufrió el Ministerio Público luego que la Corte de Apelaciones de Santiago resolviera rechazar en forma unánime la solicitud de desafuero presentada contra el gobernador metropolitano Claudio Orrego.
La acción había sido impulsada por la Fiscalía de Antofagasta en el marco de la investigación vinculada al caso ProCultura, con el objetivo de abrir paso a una eventual persecución penal contra la autoridad regional.
Tras escuchar los alegatos de ambas partes, el pleno del tribunal resolvió por 24 votos contra cero desestimar la solicitud, decisión que fue comunicada oficialmente por su presidente, Fernando Carreño Ortega. El fallo bloquea cualquier acción penal contra Orrego en esta etapa del proceso.
CASO PROCULTURA Y EL CONTEXTO DEL FALLO
La audiencia había sido reprogramada debido a la cercanía con otra revisión judicial relacionada con medidas cautelares de imputados del mismo caso, entre ellos el fundador de la fundación, Alberto Larraín, además de otras tres personas formalizadas.
En esa instancia paralela, el tribunal mantuvo medidas como el arraigo nacional, descartando la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía, confirmando lo ya resuelto por el Juzgado de Garantía de Santiago.
Desde el Ministerio Público señalaron que, al no contar aún con el texto completo de la sentencia, no se han definido los pasos a seguir, limitándose a indicar que analizarán el contenido del fallo una vez sea notificado formalmente.
DEFENSA: “NO EXISTE CONDUCTA PENAL NI ADMINISTRATIVA”
La defensa del gobernador valoró el carácter categórico del pronunciamiento judicial. El abogado Ciro Colombara sostuvo que la resolución confirma que no hubo ningún hecho constitutivo de delito, ni tampoco irregularidades administrativas.
Según explicó, el proyecto cuestionado denominado “Quédate” corresponde a una iniciativa real, trabajada desde 2021, con participación de diversas organizaciones vinculadas a la salud mental, y cuyos recursos habrían sido correctamente resguardados.
LA DEFENSA AFIRMÓ QUE SE PROTEGIÓ EL ERARIO PÚBLICO Y QUE NO EXISTIÓ DAÑO FISCAL.
Además, recordó que la propia Gobernación Metropolitana presentó una querella contra ProCultura por presunta apropiación indebida, junto al Consejo de Defensa del Estado.
También se refirió a un conflicto paralelo con la Aseguradora Porvenir S.A., acusada de no cumplir con el pago de cinco pólizas de caución asociadas a la causa. La defensa cuestionó además las filtraciones de antecedentes a la prensa, señalando que estas habrían buscado dañar la imagen pública del gobernador durante meses.
Desde la perspectiva jurídica, lo que sigue es avanzar hacia un sobreseimiento definitivo y continuar las acciones contra los responsables del caso procultura.
Con este fallo, la Corte cierra uno de los capítulos más complejos del proceso, dejando sin efecto la ofensiva judicial contra el gobernador regional y marcando un nuevo escenario en la investigación.
