Por cinco votos en contra, cuatro a favor y una abstención, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados rechazó el proyecto de ley que proponía modificaciones en torno a la legítima defensa. Expertos penalistas y representantes de las policías criticaron la propuesta, señalando que, aunque busca mejorar la seguridad ciudadana, presenta graves problemas de ejecución y proporcionalidad. Marisela Gárate, jefa nacional de Delitos contra las Personas de la PDI, advirtió que «la modificación propuesta desmejora la posibilidad de argumentar legítima defensa al alterar la carga de la prueba».
Durante el debate, el general Jaime Elgueta, director de Justicia de Carabineros, expresó su preocupación por los efectos del proyecto en la seguridad pública: «Permitir el porte de armas o dispositivos como gas pimienta en las calles podría aumentar los riesgos en lugar de reducirlos». El abogado penalista Jaime Winter también sostuvo que el proyecto generaría conflictos procesales, afectando el equilibrio en el sistema judicial.
Parlamentarios de la oposición reconocieron que la propuesta es perfectible, llamando a respaldar la idea de legislar para luego introducir mejoras. Sin embargo, los legisladores oficialistas se mantuvieron firmes en su postura contraria, considerando que las deficiencias del texto eran demasiado graves para permitir su avance. La diputada Camila Rojas subrayó: «Este proyecto transgrede normas fundamentales, y no podemos comprometer la seguridad pública con una regulación tan incompleta».
El proyecto, que modificaba el Código Penal, permitía el uso de dispositivos como gas pimienta y armas de fuego registradas para defensa personal, pero su redacción fue considerada insuficiente para salvaguardar adecuadamente la proporcionalidad en la legítima defensa.
