El tercer reporte del «Plan de Inspección Total al Estado» encendió alarmas máximas tras revelar que cerca del 60% de los fondos entregados a fundaciones creadas entre 2022 y 2026 no registran respaldos. Paralelamente, el Ejecutivo ordenó investigaciones exhaustivas en cuatro ministerios y denunció un uso «desmedido» del trato directo por causales de emergencia.
Las estructuras de control financiero del aparato estatal chileno enfrentan su examen más crítico. El Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal del Gobierno presentó los devastadores resultados de su tercer informe enmarcado en el denominado «Plan de Inspección Total al Estado». El balance arrojó un vacío financiero gigantesco: se identificaron más de 1,4 billones de pesos en transferencias públicas a diversas fundaciones que, hasta la fecha, no acreditan ningún tipo de rendición de cuentas.
Junto con la masiva cifra en entredicho, la mesa fiscalizadora anunció la apertura inmediata de cuatro nuevas investigaciones específicas en los ministerios de Deporte, Energía, Agricultura y Salud, tras detectar severas inconsistencias. Asimismo, el comité emitió una dura alerta por el aumento desproporcionado del uso del trato directo como mecanismo de compra, desplazando las licitaciones públicas tradicionales bajo dudosas justificaciones de urgencia.
La lupa sobre el «Cibertráfico» de fondos: El colapso en las nuevas fundaciones
El desglose de los hallazgos asociados a los traspasos hacia organizaciones sin fines de lucro expone vulnerabilidades históricas en la fiscalización de los recursos públicos. De acuerdo con los datos entregados por el Ejecutivo, durante la administración anterior se identificó un universo de más de 5,4 billones de pesos transferidos que por ley debieron ser objeto de rigurosa rendición. Sin embargo, de ese pozo global, más de 1,4 billones de pesos se encuentran en un limbo técnico al no registrar acreditación. Los servicios públicos que exhiben la mayor proporción de dineros sin rendir son:
- El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).
- El Servicio de Protección de la Niñez.
- La Subsecretaría de Agricultura.
La situación se vuelve aún más compleja al analizar las entidades de reciente formación. Los registros oficiales detallaron que entre los años 2022 y 2026 se fundaron 177 nuevas fundaciones que recibieron más de 11.000 millones de pesos sujetos a rendición legal. De ese total, más de 6.500 millones de pesos —lo que representa cerca del 60% de los recursos— carecen de rendiciones validadas. Más grave aún: en 79 de estas 177 fundaciones nuevas no existe rastro ni registro alguno de haber ingresado una sola rendición.
“Cuando el Estado transfiere recursos a una fundación, no termina ahí su responsabilidad. La obligación pública continúa hasta que esos recursos estén correctamente ejecutados, respaldados y rendidos”, advirtió con firmeza la subsecretaria de la Segpres y presidenta del comité, Constanza Castillo.
La autoridad precisó que, si bien no se puede afirmar a priori que en todos los casos se configuren fraudes o delitos penales, «sí hay fundaciones que tienen relación directa con el caso Convenios», razón por la cual se concentrarán las revisiones en aquellas organizaciones que registren un flagrante 0% de cumplimiento.
Ofensiva fiscalizadora: Intervención en cuatro ministerios clave
Frente a la gravedad de los antecedentes recopilados en su cuarta sesión ordinaria, el Comité resolvió activar auditorías e investigaciones especiales en carteras estratégicas para determinar eventuales responsabilidades administrativas o derivaciones penales:
- Ministerio del Deporte: La indagatoria se concentrará con fuerza en el Instituto Nacional de Deportes (IND), específicamente en las áreas de administración, transferencia directa y los protocolos de rendición de dineros públicos.
- Ministerio de Energía: El foco estará puesto sobre la Agencia de Sostenibilidad Energética, revisando las transferencias, la ejecución de programas sociales y el real cumplimiento de los objetivos financiados por el fisco.
- Ministerio de Agricultura: Se auditarán los recursos asignados a los organismos ejecutores externos, poniendo especial atención en la regularidad de las compras públicas, las contrataciones de personal y las obligaciones contractuales.
- Ministerio de Salud: Se instruyó pesquisar en detalle los procesos de compras y contrataciones masivas, incluyendo a las subsecretarías, los servicios de salud dependientes de la red y las entidades ejecutoras de programas.
Alerta máxima por «Abuso» de tratos directos y falsas emergencias
Otro de los puntos más controvertidos del reporte apunta al uso intensivo e injustificado del trato directo (compras sin licitación) en distintos estamentos fiscales. La auditoría identificó servicios críticos donde más de la mitad de las compras anuales operaron a dedo. Las tres entidades con peor comportamiento en este ítem son el Centro de Información de Recursos Naturales (Ciren), el Servicio de Salud Sur y la Subsecretaría de Derechos Humanos.
De acuerdo con el informe del Ejecutivo, los servicios han recurrido de forma sistemática a las causales de «proveedor único», «confianza y seguridad» y, de manera preocupante, a la de «emergencia». Los auditores revelaron un dato insólito: el uso de la causal de «emergencia» para saltarse las licitaciones públicas supera actualmente en un 17% a todo lo registrado durante el periodo más álgido de la pandemia del Covid-19, una anomalía que el Gobierno prometió investigar a fondo.
Estado de avance: Junaeb al Ministerio Público y miles de millones bajo sospecha
Finalmente, el comité pasó revista a las investigaciones criminales y administrativas que ya se encuentran en curso tras las sesiones previas:
- Junaeb: Los antecedentes recopilados por un fraude que involucra más de $14.000 millones de pesos pagados por raciones de alimentos que nunca fueron entregadas a los estudiantes ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público.
- Ministerio de Transportes: Se reportó la regularización de más del 80% de los $30.000 millones de pesos recibidos de la administración anterior sin respaldo administrativo suficiente, logrando normalizar los pagos a proveedores de transportes regionales y nacionales.
- Ministerio de Ciencia: Ante las anomalías detectadas por más de $100.000 millones de pesos en incumplimientos del programa Becas Chile, se solicitó formalmente la intervención de la Contraloría General de la República y se ordenó una auditoría interna inmediata.
- Ministerio de la Mujer: El comité confirmó que durante las últimas semanas emergieron nuevas alertas financieras, lo que obligó a ampliar el alcance y los plazos de la investigación interna.
