En un informe publicado este jueves, la organización internacional de Amnistía Internacional (AI) denunció «falta de voluntad política» por parte de las autoridades chilenas para una obligación que igualmente incumplen Ecuador, Colombia y Perú, los otros tres países que albergan la mayor parte de los 7,3 millones de venezolanos que han abandonado su país.
el estudio demuestra que, en muchos casos, estos cuatro Estados «no son suficientemente accesibles debido a que imponen criterios imposibles de cumplir para las personas venezolanas con necesidad de protección, tales como costos, documentos, o limitaciones de fecha o forma de entrada. Además, en ocasiones no garantizan el acceso a todos los derechos humanos».
«La organización reitera su preocupación por la grave desprotección en la que se encuentran las personas venezolanas en Chile, al no poder hacer efectivo su derecho de solicitar asilo y sin poder acceder a los derechos que les son reconocidos al encontrarse en situación migratoria irregular», señala.
«La falta de voluntad política de las autoridades chilenas para atender a estas personas con necesidad de protección internacional no sólo incumple obligaciones internacionales suscritas por Chile, sino que agrava la desprotección de la población venezolana y les priva de acceder a derechos y servicios básicos como la salud, educación y derechos a trabajar», expone AI en el informe.
Además, Amnistía Internacional denunció que «observa con suma preocupación que las autoridades chilenas siguen implementando medidas y prácticas ilegales, como la exigencia de autodenuncia y el examen de preadmisibilidad de las solicitudes de asilo, violando el derecho de solicitar asilo de las personas venezolanas. No existe ningún programa de protección temporal o complementaria para personas venezolanas».
Por ello, recomienda a Chile «garantizar el derecho de solicitar el reconocimiento de la condición de persona refugiada, incluyendo el acceso efectivo al procedimiento» y «eliminar la «declaración voluntaria de ingreso clandestino» y el examen de pre-admisibilidad de las solicitudes de asilo. Además, le pide adoptar medidas para asegurar la aplicación de la definición de persona refugiada de la Declaración de Cartagena de 1984 y garantizar el acceso al territorio, abstenerse de realizar expulsiones colectivas o rechazos en frontera y asegurar que las personas venezolanas no serán retornadas de manera forzada a Venezuela, respetando el principio de no devolución en todas las circunstancias.
