Autoridades de Gobierno y el Ministerio Público lanzan dura advertencia sobre la falta de preparación de Chile ante la puesta en marcha de la ruta. El fiscal regional alerta sobre el desembarco de nuevas mafias transnacionales, mientras que el Gobernador de Antofagasta tilda de «impresentable» la falta de planes concretos de seguridad.
Lo que nació como el proyecto de integración comercial más ambicioso del Cono Sur, hoy se enfrenta a su mayor crisis de confianza. El Corredor Bioceánico, una ruta de más de 2.400 kilómetros diseñada para unir el centro-oeste de Brasil con los puertos del norte chileno, ha sido catalogado como un «terreno fértil» para la expansión de organizaciones criminales transnacionales si no se implementan medidas de mitigación inmediatas.
La alerta fue el eje central de la reciente reunión de la Mesa de Control del Crimen Organizado en Antofagasta, donde el diagnóstico fue lapidario: Chile no está preparado para las externalidades negativas que traerá este flujo masivo de mercancías y personas.
Un diagnóstico sombrío: El «vecindario» criminal
El Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, presentó una exposición detallada sobre la geopolítica del delito en la macrozona. Según la fiscalía, la apertura definitiva del corredor facilitará no solo el narcotráfico, que ya azota a la región, sino también el contrabando masivo y el lavado de activos, aprovechando el dinamismo económico de la ruta.
El Ministerio Público advirtió que organizaciones criminales presentes en países vecinos podrían «tomar niveles de presencia en nuestro país», estableciendo conexiones con bandas locales para fortalecer redes de delincuencia organizada. «No saca mucho con reforzar la frontera terrestre y marítima si tiene después un corredor bioceánico para el cual no estamos preparados», sentenció el Comisionado Presidencial para la Macrozona Norte, evidenciando el vacío de seguridad actual.
Planes fallidos y promesas sin cumplir
Desde el Gobierno confirmaron que, si bien existe un «Plan de Acción del Estado de Chile» para la preparación del corredor, este no se ha llevado adelante. Las nuevas autoridades denunciaron que, al asumir, se percataron de que «había muchas cosas que debieron haberse hecho y no se hicieron», dejando al proyecto avanzar más rápido que las medidas de protección ciudadana.
Fuerte cruce entre el Gobernador y Seguridad
La polémica subió de tono cuando el Gobernador Regional de Antofagasta, Ricardo Díaz, principal impulsor del proyecto, arremetió contra los encargados de seguridad por lo que calificó como una actitud pasiva. «A mí me preocupa que los encargados de la seguridad estén levantando preocupaciones, porque lo que deberían estar presentándonos es cuáles son las medidas que van a ejecutar para garantizarnos un desarrollo seguro», criticó la autoridad.
Díaz calificó como «impresentable» que se planteen alertas sin planes de acción, recordando que delitos como el robo de cobre en trenes y el aumento del consumo de drogas ya son una realidad que debe combatirse con proyectos concretos y no solo diagnósticos. Además, el Gobernador reveló que ha invitado en múltiples ocasiones al fiscal regional para abordar estas temáticas, sin obtener respuestas positivas hasta la fecha.
El desafío: Economía vs. Seguridad
El Corredor Bioceánico busca unir los puertos de Antofagasta, Iquique, Mejillones y Tocopilla con los mercados del Asia-Pacífico, reduciendo costos logísticos significativamente. De hecho, a finales de abril ya se confirmaron acuerdos para la llegada de alimentos desde Brasil y Argentina a precios más bajos para la población local.
Sin embargo, el dilema planteado en la Mesa de Control es claro: el desarrollo económico no puede ser a costa de la seguridad nacional. Con la ruta ya en fases operativas, el Estado enfrenta el desafío de implementar el «Plan Escudo Fronterizo» y dotar a Aduanas de los recursos necesarios antes de que el corredor se consolide como la nueva vía rápida del crimen transnacional.
