Una grave vulneración administrativa mantiene en máxima alerta a las autoridades políticas del país tras detectarse un masivo fallo en el control de extranjería. Parlamentarios de distintos sectores manifestaron su profunda preocupación luego de revelarse que el Registro Civil otorgó de forma errónea residencias definitivas a miles de ciudadanos extranjeros que, legalmente, solo contaban con permisos de carácter temporal en el territorio nacional.
Las fallas informáticas institucionales redundaron en un desajuste de proporciones que quedó al descubierto mediante una investigación del medio periodístico Ciper. Las pericias arrojaron que durante el periodo 2024-2025, el organismo otorgó cédulas de identidad con residencia definitiva por cinco años a personas que, por su condición de solicitantes de refugio, solo estaban habilitadas para obtener identificaciones provisorias, afectando a cerca de 14 mil registros con inconsistencias.
El escándalo escaló de inmediato al Congreso, donde se anunciaron peticiones transversales de fiscalización inmediata para determinar el origen de este desajuste. Sobre el impacto de esta vulneración, la presidenta de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara Baja, la diputada Joanna Pérez advirtió que «cuando el Estado entrega documentación que acredita una condición migratoria que no corresponde, se genera un problema serio para el adecuado funcionamiento del sistema migratorio».
La crisis adquiere mayor relevancia al conocerse que el sistema de extranjería ya había detectado las anomalías, emitiendo alertas que habrían sido ignoradas por la jefatura del servicio. Los antecedentes confirman que el exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer envió al menos tres oficios preventivos directos al Registro Civil y a la Subsecretaría de Justicia alertando sobre las fallas, pese a lo cual la emisión de documentos erróneos persistió durante meses.
Desde las filas de la oposición reaccionaron con dureza, apuntando a los severos riesgos que esto representa para la soberanía fronteriza y el resguardo de la población. Cuestionando la gestión del organismo, la integrante de la Comisión de Gobierno Interior, la diputada Claudia Mora calificó la situación como grave y anunció que solicitará «citar a la comisión de Gobierno Interior de la Cámara al director nacional del Registro Civil, Pedro Lea-Plaza Edwards, para que pueda dar las explicaciones que corresponden».
La legisladora derechista puso el foco además en las repercusiones delictuales o comerciales que podrían gatillar estos documentos mal asignados en el sistema público. Respecto a los peligros colaterales de la crisis, la diputada Claudia Mora acusó que «entendemos que esas cédulas han sido bloqueadas, no obstante, de igual forma esto puede significar un inconveniente importante para el ordenamiento administrativo de nuestro país, e incluso puede significar un problema de seguridad», confirmando que pedirá citar también al BancoEstado.
Las críticas también provinieron desde el propio oficialismo, donde exigieron que se apliquen las máximas sanciones administrativas en caso de comprobarse desidias de los funcionarios públicos. Adelantando las acciones fiscalizadoras de su bancada, el parlamentario socialista, el diputado César Valenzuela anunció que oficiará formalmente al organismo para obtener el detalle de las operaciones fallidas y determinar de manera fehaciente si existieron negligencias inexcusables por parte del personal que se encontraba a cargo del flujo informático.
