Tribunal peruano dictó 36 meses de prisión preventiva para el expresidente peruano Pedro Castillo por el delito de corrupción, manteniéndose tras las rejas hasta el mes de marzo de 2026.
A través de una segunda orden por parte del Tribunal, uno de sus jueces dictó esta medida (prisión preventiva) por los delitos de corrupción en los que estaría implicado el expresidente peruano, siendo que la primera vez fue instruida por el delito de rebelión.
De este modo Pedro Castillo deberá cumplir 36 meses de cárcel preventiva por corrupción, lo que se suma al dictamen de 18 meses que cumple por el delito de rebelión después de haber sido destituido de su cargo en el mes de diciembre.
Juan Checkley, juez peruano, indicó que no hay impedimentos en material judicial para dictar una segunda medida prisión preventiva porque se trata de un caso o delito distinto.
En ese sentido, esta segunda orden, que considera los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión, tendría como consecuencia que Castillo permanezca tras las rejas hasta marzo de 2026.
Checkley informo que tomaron en cuenta que existen indicios en donde Castillo estuvo involucrado mientras desempeñaba el cargo durante los años 2021-2022, cuando se realizó la compra de biodiésel para la petrolera estatal Petroperú, por la cual habría recibido 527.000 dólares. Además, de estar involucrado en una licitación irregular para construir un puente en la Amazonía
Todo eso se suma a que el juez consideró que el expresidente podría fugarse del país si queda en libertad, puesto que su esposa y sus hijos están asilados en México desde que fue destituido el pasado 7 de diciembre por el Congreso cuando intentó disolverlo.
Cabe señalar que in juez en el mes de diciembre ordenó mantener al expresidente en presión preventiva mientras era investigado por los presuntos delitos de rebelión y conspiración por intentar un “golpe de Estado” para generar un gobierno de excepción.
Además, en ese momento el mismo congreso nombro como su sucesora a su entonces vicepresidenta, Dina Boluarte, quien asumió como mandataria el mismo 7 de diciembre.
Desde ese momento en Perú se han desatado una ola de manifestaciones en diferentes partes del país en las que ya han dejado 66 muertos, siendo 48 de ellos civiles entre el choque con las fuerzas de seguridad. Todo esto con el fin de exigir la liberación del expresidente, la renuncia de Boluarte, la de los miembros del Parlamento y el adelantamiento de los comicios presidenciales.
