Tras la alerta roja desatada por el déficit presupuestario que golpea al principal recinto asistencial de Tarapacá, legisladores de oficialismo y oposición reaccionaron al colapso financiero. Mientras algunos apuntan a fallas estructurales y recortes del Ejecutivo, otros llaman a la calma asegurando que las remuneraciones y los medicamentos están garantizados por el Ministerio de Salud.
La situación límite que atraviesa el Hospital Regional de Iquique, donde un informe interno advirtió el agotamiento total de recursos operativos, paralizaciones en tratamientos oncológicos y problemas con proveedores, escaló de inmediato al debate legislativo. Los gremios de la salud ya habían puesto el grito en el cielo advirtiendo que los fondos no alcanzarían ni para fin de año, y el arco político salió a contraponer posturas frente a la crisis.
Desde el Congreso, las lecturas sobre el origen del problema y la capacidad de respuesta del Gobierno muestran trincheras marcadas. La senadora y miembro de la Comisión de Salud, Karol Cariola, calificó el escenario sin filtro alguno: «Yo lo califico como la crónica de una muerte anunciada que hoy día es Iquique y que en cualquier momento va a seguir siendo cualquier otro hospital de nuestro país que requiera la suplementación de recursos porque no les va a alcanzar frente a los recortes que el gobierno implementó», advirtió sobre la fragilidad financiera que arrastran los recintos públicos.
Oficialismo y oposición: Las garantías de pago frente a la incertidumbre
A pesar de la gravedad del diagnóstico que dejó al descubierto la escasez de fondos para la operatividad del centro asistencial iquiqueño, desde el oficialismo y los comités de salud salieron a calmar las aguas respecto al temor más urgente de los trabajadores: el pago de las remuneraciones.
La diputada por la Región de Tarapacá, Ximena Naranjo, sostuvo que existe un compromiso formal por parte de las autoridades ministeriales para evitar una catástrofe laboral a corto plazo. «Hay un compromiso de parte del ministerio para que no lleguemos sin los sueldos o sin los medicamentos a fin de año», afirmó la parlamentaria, intentando traer tranquilidad a los funcionarios del recinto de salud.
En la misma línea, el diputado de la UDI y integrante de la Comisión de Salud, Daniel Lilayu, respaldó la gestión central y aseguró que los compromisos económicos se van a honrar. «Le puedo asegurar que la ministra y en este momento los subsecretarios van a cumplir con pagarle los sueldos a los funcionarios. Los hospitales son las personas, no son los equipos», aseveró el legislador opositor, poniendo el foco en el factor humano por sobre la infraestructura crítica.
La ofensiva en la ley de presupuesto: «No vamos a permitir un peso menos»
Con el telón de fondo de la discusión presupuestaria en el Parlamento, la presión sobre el Ejecutivo para inyectar recursos frescos y asegurar la continuidad de la red pública se intensificó al máximo.
El senador y presidente de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro, advirtió que la chequera fiscal estará bajo estricta vigilancia en el Congreso. «No vamos a permitir hoy en la discusión presupuestaria que haya un peso menos en el gasto en personal, en el gasto en bienes de servicio de consumo, en el gasto en la ley Ricardo Soto, en el gasto en la atención primaria», sentenció Castro, marcando la postura dura que mantendrá el Parlamento frente a las arcas fiscales y los ajustes sectoriales.
La crisis del hospital iquiqueño —que arrastra cuestionamientos por su déficit operacional, problemas en pabellones y recortes de suministros— se convirtió así en el caso testigo que pone a prueba la capacidad de respuesta del Ministerio de Salud en la recta final del año.
