El jefe regional de Tarapacá, junto a los gobernadores de Antofagasta y Atacama, emplazó al Ministerio de Hacienda a destrabar los mecanismos de inversión. Advirtieron que el presupuesto regional representa apenas el 2% del gasto público nacional y exigieron garantías para inyectar recursos directo en salud, seguridad y vivienda.
A pocos días de que venza el plazo clave para destrabar la discusión con las regiones, la tensión entre los gobiernos regionales del norte y el Ministerio de Hacienda llegó a su punto más alto. El gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal, encabezó una clara ofensiva política junto a sus pares de Antofagasta y Atacama, llamando al Ejecutivo a dejarse de rodeos y firmar un compromiso claro, transparente y sin candados administrativos para el año 2027.
La molestia de los jefes regionales apunta directo al equipo económico del Gobierno. Según explicaron las autoridades, mientras la disposición de la Presidencia parece ir por un camino de apertura, en la mesa de negociación las trabas operativas y la desconfianza del ministro de Hacienda vuelven a enredar la discusión.
Un 2% del gasto público que no soporta más burocracia
Carvajal no dudó en poner la lupa sobre los números reales para dimensionar el debate. La discusión actual gira en torno a apenas un 1,5% o 2% de todo lo que el Estado va a gastar durante el próximo año, una cifra acotada pero indispensable para mover la aguja en los territorios. Por eso, el llamado de las autoridades del norte exige que no se sigan poniendo trabas a un presupuesto que impacta de lleno en las comunidades.
«No estamos pidiendo que le faciliten la vida o el trabajo a los gobernadores, queremos que permitan inyectar recursos en salud, seguridad y vivienda», remarcó Carvajal. El gobernador tarapaqueño dejó en claro que los Gore operan como el verdadero puente entre la recaudación nacional y la gente en las comunas, por lo que asfixiar el gasto regional termina perjudicando de forma directa a los vecinos.
La cumbre en Antofagasta y los dardos directos a Hacienda
El pronunciamiento se gestó durante una cumbre de gobernadores en Antofagasta, donde la autoridad local actuó como anfitrión junto a los representantes de Atacama y Tarapacá. En el encuentro, los líderes regionales alinearon su postura frente al Gobierno central y prometieron defender con dientes y muelas la autonomía operativa de los recursos regionales.
Para Carvajal y los gobernadores del norte, los mecanismos e instrumentos públicos deben servir para acelerar las soluciones y no para empantanar la inversión. La exigencia es tajante: la Ley de Presupuesto 2027 tiene que despejar cualquier incertidumbre jurídica o administrativa que impida ejecutar los fondos con agilidad, transparencia y máxima eficacia.
Un canal directo entre el dinero del Estado y las necesidades del vecino
La postura de las regiones del norte apunta a un principio básico de justicia territorial. Los gobiernos regionales son el engranaje que transforma los impuestos del país en obras tangibles para la ciudadanía, desde un centro de salud hasta un proyecto de iluminación o seguridad ciudadana. Restringir la capacidad de gasto bajo normativas rígidas solo consigue postergar urgencias sociales que no pueden esperar a que la burocracia capitalina resuelva sus papeleos.
El mensaje final desde el norte es contundente: el acuerdo con el Ejecutivo tiene que cerrarse sin letra chica, con la mirada puesta en garantizar que los chilenos de regiones tengan una mejora real en su calidad de vida durante el 2027.
