La iniciativa despachada al Senado busca destrabar el grave cuello de botella que arrastra el Servicio Médico Legal, donde los peritajes genéticos se acumulan por meses. De convertirse en ley, las policías podrán cruzar datos en cuestión de días para acelerar la persecución contra el crimen organizado, manteniendo la supervisión técnica del SML pero eliminando la burocracia que frena los juicios.
Resolver un caso penal con prueba biológica se transformó con los años en una carrera de obstáculos. Cuando un delito grave remece una comuna, aislar la huella genética de un sospechoso en la escena del crimen es solo el primer paso. La trampa venía después, en la tramitación institucional.
Hoy en día, las muestras de ADN extraídas en un sitio del suceso pueden dormir entre 8 y 10 meses en las oficinas del Servicio Médico Legal a la espera del cotejo final en la base de datos nacional.
Esa demora aplaza formalizaciones, retrasa órdenes de detención y dilata las querellas. Para terminar con ese tapón, la Cámara de Diputados aprobó en su primer trámite constitucional el proyecto de ley (Boletín N°18585-25) impulsado por el Ejecutivo en la Agenda Contra el Crimen Organizado y Terrorismo (ACOT). La norma autoriza a Carabineros y a la PDI a realizar el cruce de huellas genéticas de forma directa.
Celeridad en la investigación: de diez meses a diez días
El impacto de este cambio normativo radica en los tiempos de respuesta para los fiscales y la policía en terreno. La capacidad instalada de las policías ya existe, pero la ley les impedía apretar el botón final del cruce de datos.
Con la nueva legislación, los laboratorios policiales podrán resolver en apenas 10 días un peritaje y cruce de datos que antes tardaba casi un año.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, explicó el sentido de la medida: «Si en la escena de un delito aparece una huella genética, cada día cuenta. Hoy, los laboratorios de Carabineros y la PDI determinan una huella en unos 10 días, pero el informe final del SML pueden atrasarse cerca de 10 o más meses para el cotejo nacional. Ese es el cuello de botella que destrabamos: no se crea una función nueva ni se improvisa una capacidad que no existe, sino que simplemente reconoce en la ley una idoneidad técnica que nuestras policías ya tienen y ejercen todos los días».
Mapeo del colapso: miles de muestras varadas en el SML
Las cifras que acompañan la discusión parlamentaria respaldan la urgencia de la medida. Las unidades especializadas, como el Labocar de Carabineros y los laboratorios periciales de la PDI, cuentan con infraestructura de vanguardia y certificaciones internacionales para procesar evidencias. Pese a ello, estaban amarrados por el procedimiento formal.
Al 31 de diciembre de 2024, el Servicio Médico Legal acumulaba un atasco de más de 7.600 perfiles genéticos a la espera de ser cruzados. De esa cifra, el 57,25% correspondía a muestras aportadas directamente por Carabineros de Chile.
El Subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, apuntó a la instrucción del Presidente José Antonio Kast para resolver estos nudos operativos: «El Presidente nos ha pedido destrabar todos los nudos normativos que frenan la acción de la justicia. Estamos dándole la máxima urgencia a un número importante de proyectos de ley, y este es fundamental: faculta a nuestras policías para procesar evidencia genética directamente, agilizando las investigaciones desde el primer día. El combate al crimen organizado requiere celeridad, coordinación y leyes con sentido de urgencia».
Mismo rigor científico sin gastar un peso extra del Estado
Un punto que despejó temores en la votación fue la garantía de imparcialidad y rigor en la cadena de custodia. El proyecto no desplaza al Servicio Médico Legal del sistema, sino que reconvierte su función principal hacia el control y la fiscalización.
El SML mantendrá de forma exclusiva la administración de la base central de datos, la custodia o destrucción final del material biológico, y la acreditación técnica de los laboratorios periciales de las policías.
Además, la iniciativa no requiere destinar presupuesto adicional ni crear nuevas unidades administrativas en el aparato público. Se trata de aprovechar la infraestructura tecnológica y los profesionales que la PDI y Carabineros ya tienen operativos en sus unidades. Tras el respaldo masivo en la Cámara Baja, el proyecto ingresará al Senado para enfrentar su segundo trámite constitucional antes de convertirse en ley de la República.
