PERÚ ENDURECE SU POLÍTICA MIGRATORIA CON MÁS DE 2.800 EXPULSIONES EN 2026 Y NEGOCIA DEPORTAR VENEZOLANOS EN BARCOS
Las autoridades peruanas ya ejecutaron más de 5.400 operativos de fiscalización en las calles, revisando la documentación de más de 83 mil extranjeros. Tras la acumulación de expulsados, el Ministerio del Interior gestiona acuerdos directos con el régimen venezolano para concretar deportaciones masivas por vía marítima.
El despliegue de las autoridades peruanas no afloja en los principales centros urbanos ni en los pasos fronterizos. El superintendente nacional de Migraciones, Luis Yunis Herrera, confirmó que la entidad ya ejecutó 5.461 operativos de control de identidad en un trabajo coordinado codo a codo con la Policía Nacional.
Durante estos procedimientos relámpago, las brigadas migratorias revisaron la documentación y los antecedentes de 83.422 ciudadanos extranjeros, detectando a miles de personas que ingresaron por pasos no habilitados o que mantenían sus permisos de residencia completamente vencidos.
La polémica propuesta de La Moneda peruana: deportaciones masivas por vía marítima
El endurecimiento de la política migratoria en el vecino país promete escalar a un nivel inédito durante los próximos meses. El ministro del Interior, César Astudillo, advirtió en una intervención ante el Parlamento que la cifra de expulsiones operativas se va a incrementar de manera drástica en el corto plazo.
Para lograr ese objetivo sin depender exclusivamente de los saturados vuelos chárter, Astudillo anticipó que la Cancillería peruana negocia acuerdos clave con Caracas: «Se están trabajando acuerdos con Venezuela para hacer deportaciones de venezolanos irregulares a través de barcos», precisó el titular de la cartera de seguridad.
Traba burocrática y vacíos en la regularización
Perú se mantiene como el segundo país con la mayor concentración de la diáspora venezolana en el mundo, albergando a cerca de 1,6 millones de migrantes y refugiados. Sin embargo, la gran mayoría opera hoy en la absoluta informalidad laboral.
La falta de contratos de trabajo formales —requisito indispensable para tramitar un visado de residencia regular—, sumada a las trabas operativas para renovar los permisos temporales otorgados en administraciones anteriores, tiene a miles de familias atrapadas en un limbo legal que hoy los expone directamente a las órdenes de expulsión inmediata.
