Contenedores refrigerados en el patio central de la sede del Servicio Médico Legal en Recoleta alojan decenas de cadáveres, mientras que en regiones se destapan negligencias donde fallecidos han esperado hasta 11 años para ser sepultados. Entre fallas de gestión, trabas burocráticas con la Fiscalía y la falta de reclamo de familiares, la acumulación de fallecidos detonó duras fiscalizaciones parlamentarias.
Lo que comenzó como una respuesta de emergencia sanitaria terminó por transformarse en una infraestructura permanente. En la sede del Servicio Médico Legal (SML) de avenida La Paz, en la Región Metropolitana, dos contenedores refrigerados instalados en pleno patio albergan actualmente cerca de 80 cadáveres. La cifra total de fallecidos no retirados en la capital asciende a 170: 138 personas completamente identificadas que nadie ha ido a reclamar y 32 cuerpos clasificados como N.N.
La dirección nacional interina de la institución busca poner fin al uso de estas estructuras frigoríficas en los próximos meses. Sin embargo, la acumulación de cuerpos es un fenómeno que se arrastra desde la pospandemia y que refleja graves cuellos de botella en los protocolos de inhumación y peritaje forense.
Historias de negligencia y trámites estancados en regiones
El problema dista de ser exclusivo de la capital. En La Unión, Región de Los Ríos, un cuerpo sin identificar permaneció almacenado durante diez años en dependencias del SML local simplemente porque la fiscalía a cargo nunca emitió la autorización formal para su entrega e inhumación. El trámite solo logró destrabarse tras la llegada de un nuevo fiscal regional, permitiendo que la persona fuera sepultada en un cementerio local previa toma de muestras genéticas.
Casos aún más dramáticos han golpeado la credibilidad del servicio forense en el sur del país. Los restos de Ramón Pacheco Giacomozzi, desaparecido en Talcahuano el año 2008, estuvieron 11 años guardados en el SML tras un error inicial que catalogó sus osamentas como pertenecientes a una mujer. Un patrón casi idéntico al de Sergio Mardoff, cuyo cuerpo permaneció tres años archivado como N.N. en el SML de Concepción mientras su familia lo buscaba desesperadamente por toda la región.
Oficio a Contraloría y cuestionamientos por falta de coordinación
La acumulación de cadáveres llegó a las comisiones del Congreso Nacional. El senador Iván Flores tildó la situación de «vergonzosa y escandalosa», oficiando a la Contraloría General de la República para auditar el gasto público que representa mantener estos contenedores funcionando ininterrumpidamente. Flores fue enfático al criticar que dos tercios de los cuerpos retenidos en Santiago están identificados pero estancados en un vacío normativo, instando a enviarlos a fosa común si no son reclamados en plazos razonables.
A este escenario se suman auditorías previas de Contraloría que ya habían detectado falencias en los controles internos, gestión de contratos y supervisión de proveedores del SML. Mientras los ministerios de Salud y Justicia analizan los requerimientos parlamentarios, decenas de familias siguen esperando respuestas definitivas para cerrar los procesos de búsqueda de sus seres queridos.
