Representantes de la Agrupación de Taxis Ejecutivos y de la empresa Transfer Manquehue denunciaron que los vehículos informales ya triplican la oferta regulada en la terminal aérea. Advierten que la falta de grúas para incautar las máquinas y la baja presencia policial perpetúan un negocio ilegal que genera severas mermas económicas y pone en riesgo a los pasajeros.
Llegar al Aeropuerto Internacional Diego Aracena de Iquique se convirtió en un dolor de cabeza para los gremios de transporte formal. Por cada diez vehículos autorizados que intentan trabajar tranquilos, hay cerca de treinta automóviles «piratas» operando en los alrededores. Un desorden que genera pérdidas económicas brutales para choferes de taxis ejecutivos, de turismo y concesionarios de transfers, quienes deben pagar impuestos, mantener cartolas al día y cumplir exigencias de seguridad que los informales ignoran por completo.
Los trabajadores denuncian que la gran mayoría de quienes ejercen este servicio ilegal son extranjeros sin documentación ni licencias de conducir vigentes. La diferencia de precios es el principal gancho: mientras un traslado formal bordea los 23 mil a 25 mil pesos, los vehículos piratas ofrecen viajes por 8 mil o 10 mil pesos, dejando «la plata pelada» y acaparando clientes a la salida de los vuelos.
Sin grúas ni controles fijos para frenar el desorden
La indignación en el gremio responde al desgaste de años intentando buscar soluciones. Representantes del sector aseguran que han participado en mesas de trabajo con Carabineros, fiscalizadores del Ministerio de Transportes e incluso autoridades judiciales, pero la presencia policial es esporádica. Cuando aparece una patrulla, los informales simplemente escapan del lugar o se esconden hasta que la fiscalización termina.
Existe además una traba operativa clave que complica las sanciones. «El Ministerio de Transportes por decreto supremo no puede retener el vehículo porque no tienen grúa dónde echarlo», explicó Lucio Rodríguez, integrante del gremio. Sin la capacidad logística de incautar las máquinas, los inspectores solo cursan partes empadronados o multas de rutina que los choferes informales, al no estar identificados ni tener papeles, sencillamente no pagan.
Inseguridad para los pasajeros y el peligro de viajar sin seguro
El problema va mucho más allá de una disputa comercial. Desde la empresa Transfer Manquehue, concesionaria con más de 12 años en el aeropuerto, advierten que la informalidad trajo consigo graves episodios delictivos. «Hace menos de un mes asaltaron a una pareja de argentinos en el peaje en un auto informal; tuvimos que ir nosotros a buscarlos», reveló Nelson Orellana, supervisor de la firma, quien lamentó que el desorden «ya se salió de control» pese a los reiterados llamados a las autoridades.
A esto se suma el riesgo latente de sufrir un accidente de tránsito en un vehículo no autorizado. Mientras a los taxis legales se les exige SOAP de cobertura ampliada, revisión técnica rigurosa, extintores y botiquín, las máquinas piratas no cuentan con ningún respaldo legal. En caso de un siniestro en la ruta, el seguro obligatorio no cubre a los pasajeros.
Frente a este escenario, los choferes autorizados llamaron a los turistas y residentes a no arriesgarse por ahorrar un par de miles de pesos. La recomendación es clara: identificar siempre las patentes de taxis de turismo (salmón con blanco) y ejecutivos (negra con salmón), utilizar el transporte oficial dentro del recinto y exigir garantías para un traslado seguro hacia la ciudad.
