Una fiscalización del plan «Inspección Total» reveló que las nuevas instalaciones duplicaron su tiempo de ejecución y dispararon su costo en un 146%. Ante el millonario desborde presupuestario e irregularidades en las obras, la Subsecretaría derivó los antecedentes a la Fiscalía, Contraloría y el CDE.
Lo que nació como un proyecto para ahorrar arriendos estatales terminó en un dolor de cabeza financiero. La auditoría interna del plan «Inspección Total» arrojó cifras en rojo sobre la construcción de las nuevas oficinas del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género: el costo inicial se disparó en un 146%, sumando más de $1.700 millones extra a la cuenta final.
El plan original para habilitar el inmueble en Agustinas 1269 consideraba una inversión de $1.100 millones y un plazo de ejecución de un año y medio. La realidad fue otra. La obra terminó costando más de $2.800 millones y los trabajos se arrastraron por casi tres años y medio, duplicando con creces las estimaciones de tiempo y presupuesto.
Multas, reparaciones y cobros adicionales
El golpe al bolsillo fiscal no termina ahí. Al sobrecosto principal se suman $120 millones que el Estado tuvo que pagar por romper de forma anticipada el arriendo de las antiguas instalaciones. Además, la Subsecretaría proyecta destinar otros $494 millones solo para reparar y terminar de habilitar el edificio antes de que pueda operar con normalidad.
«Este caso demuestra por qué era necesario revisar de manera profunda el funcionamiento del Estado. La auditoría permitió detectar antecedentes serios que requieren ser investigados y nosotros no vamos a mirar para el lado», enfatizó la subsecretaria de la Mujer, Marcia Raphael.
Licitaciones bajo la lupa y acciones judiciales
El informe no solo detectó desbordes de dinero y demoras. La revisión destapó presuntas irregularidades en las licitaciones, fallas en la ejecución de las obras y serios problemas de seguridad y habitabilidad en la nueva sede.
Ante la gravedad de los hallazgos, el organismo remitió la carpeta completa a la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, la Contraloría General de la República y el Consejo de Defensa del Estado (CDE). En paralelo, la institución abrió un sumario administrativo para buscar responsabilidades internas.
«Tenemos una responsabilidad con las mujeres que atendemos, con nuestros funcionarios y funcionarias, pero también con cada peso de los recursos públicos. Por eso vamos a investigar, transparentar y corregir lo que haya que corregir», remató Raphael.
